A los años entre celdas y penurias de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, se suman numerosos actos de persecución política en Bolivia, que en su conjunto ha llevado a ciudadanos bolivianos enfrentar en condiciones desiguales el oprobioso sistema judicial, y a otros, a vivir el quebranto espiritual del destierro y el exilio.
Si en décadas pasadas, Bolivia pudo superar un régimen autoritario y otorgar una amnistía general e irrestricta a los perseguidos políticos, tal como rememora más de una vez Guido “Chelelo” Añez; hoy, en cambio, la realidad es otra, pues el gobierno niega cínica y tajantemente cualquier carácter político de los enjuiciamientos plagados de ilegalidades e irregularidades contra personas físicas que desempeñaron funciones públicas en el país.
Tales hechos significativos, conducen a la interrogante de si el futuro se mostrará o no promisorio para los exiliados, refugiados y presos políticos. Conviene recordar que Bolivia integra el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Signatario, como es, del Pacto de San José – por poner sólo un ejemplo – no queda la menor duda que se encuentra reatada por la ley internacional al respeto de derechos y garantías personales inviolables.
Éstas no son solamente palabras vacías de sentido. La ley internacional, y en especial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, faculta a la Corte establecida en San José de Costa Rica, inclusive a condenar a los Estados que violan lo preceptuado en la norma citada.
Así como Bolivia perdió tácita o explícitamente el acceso soberano al mar en La Haya, por argumentos jurídicos faltos de contenido jurídico sostenible, de igual manera, Bolivia perderá en Costa Rica sendos procesos llevados adelante por violación a los estándares internacionales en esta otra materia. Salvo, eso sí, que haya un cambio de régimen político y se lleguen a soluciones diferentes, de conformidad a la ley.
Por lo tanto, si algún alivio resultara de estas palabras, es que este vía crucis existencial acabará algún momento. Ojalá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atienda al hecho principal de que en Bolivia el sistema judicial boliviano está carcomido por intromisión flagrante del Ejecutivo, chicanas, tinterillos, “sembradío” de pruebas, y otras falsificaciones procesales; siendo así la justicia prácticamente inexistente, si por justicia entendemos lo justo y apegado a la ley nacional e internacional.
