Bolivia se ha caracterizado siempre por un sistema de justicia escuálido y sometido a los poderes de turno, y este extremo no ha cambiado a casi doscientos años desde su fundación. Lo que parece ser extraño en las últimas décadas, sin embargo, es el número de presos políticos que oscilan en trescientos, y un sinnúmero de exiliados también por razones políticas.
Para quiénes viven desinformados en otras latitudes del mundo, y especialmente en América Latina, todo esto puede sonar a simples desvaríos o errores judiciales, que se repiten en todo el Hemisferio Occidental. Pero en Bolivia, la historia indica que la regla general es la depravación absoluta de la justicia que es usada como arma por jueces lacayos y verdugos, acostumbrados muchas veces a una especie de sicariato político-judicial. O en su defecto, a la impunidad absoluta de los mandamases.
El reciente hecho de Evo Morales confirma lo antedicho. Sobre el expresidente recaen sendas acusaciones, pero esta vez la fiscalía entre vericuetos, bombas y platillos, terminó por fustigar y alejar del cargo a la fiscal de distrito de Tarija, y dejar una vez más libre al ex mandatario indígena.
Todo indica que esta situación no va a ser revertida. No existe el más mínimo asomo de esperanza en el sistema político, que finalmente es el protagonista de las amañadas elecciones judiciales. Tal como escribí hace más de una década, la Constitución de 2009 es la punta del iceberg del nulo peso y contrapeso que debería existir siempre en toda sociedad contemporánea tendiente a la puesta en práctica o consolidación de la democracia liberal.
Al reino de injusticias antes mencionadas, se suman las dilaciones sinfín de los procesos judiciales en todas las materias, e inclusive en el ámbito del arbitraje comercial. ¿Cómo se explica la supervivencia de un sistema corrompido tantos años en el poder?. La respuesta es lógica. Seguramente hay una maraña escandalosa de abogados, jueces, fiscales, tinterillos, rábulas y picapleitos, que asumen como suyo el oficio de cometer actos delincuenciales sin temor a represalia, por la sencilla razón de que los niveles de decisión provienen de una escalonada pirámide en la toma de decisiones.
Solamente el cambio radical del sistema político boliviano, esto es, el cambio absoluto de la fallida Constitución de 2009 y su Estado Plurinacional, pueden salvar al país de tantas injusticias. Estados Unidos, la Unión Europea, y las democracias del mundo, seguramente han hecho esfuerzos significativos pero insuficientes, a la hora de modernizar e institucionalizar el sistema judicial.
Antes que el cáncer siga devastando familias enteras, es preciso, repito una vez más, cambiar completamente el sistema político boliviano, por uno de corte republicano, federal y parlamentario.