POST SCRIPTUM: HACIA UNA COMPRENSIÓN DE BOLIVIA Y UNA PARTE DEL MUNDO EN EL SIGLO XXI

«La ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar». – Octavio Paz, escritor y poeta mexicano, Premio Nobel en Literatura.

I. PREFACIO

Desde su fundación, Bolivia ha suscitado grandes debates ya no sólo historiográficos, sino también, y sobre todo, políticos y sociales. Y no sólo eso. Inclusive la huella de la Conquista Española y cómo ésta ha configurado la realidad presente, todavía es objeto de sendas discusiones y debates teóricos y académicos en la actualidad.

El objeto del presente ensayo es ofrecer una primera mirada a la vida institucional y política boliviana desde al menos el año 2006; año de asunción del Movimiento al Socialismo que ha echado por la borda cualquier intento de mantenimiento del orden democrático y avance del Estado Social y Democrático de Derecho. Años antes, el 2008 para ser más preciso, se imprimió y distribuyó masivamente mi libro “Derecho, Poder y Justicia”. Puedo decir, sin temor ni duda alguna, que esta obra juvenil expresaba idearios distintos a los que tengo yo ahora.

En efecto, en “Derecho, Poder y Justicia”, expresé en reiteradas ocasiones ciertos ideales de la izquierda nacional latinoamericana que habían influido en mí, en buena medida debido a una lectura reduccionista de la política internacional. Considero que la izquierda nacional latinoamericana, y la propia izquierda latinoamericana en su totalidad, no ha sabido conjugar hasta el presente – salvo honrosas excepciones como las izquierdas uruguaya y chilena del siglo XXI – la importancia del desarrollo económico en vista de los actores políticos internos e internacionales. Es decir, esta izquierda latinoamericana no ha podido eludir en su enorme mayoría, el nuevo juego político a la luz de las grandes multinacionales y las potencias mundiales. O para decirlo en otros términos, no ha podido desarrollar mejor sus sociedades debido a una equivocada lectura de esta capital influencia de los nuevos actores políticos en la edad contemporánea.

A la postre se tienen hoy modelos de desarrollo fracasados como son la Cuba castrista, la Venezuela chavista, la Nicaragua de Ortega, la Argentina de los esposos Kirchner. En todos los casos, ha intervenido cierta academia e intelectualidad caduca: hablemos, por ejemplo, de las teorías derivadas o a la luz de la experiencia intelectual marxista, pero también de la teoría de la dependencia, las teorías así llamadas “críticas” en el campo de las ciencias sociales, y un largo etcétera. Es fácil demostrar que esta mala praxis política, sumada a una escuela vetusta y amañada, como lo son ciertos intelectuales de la vieja guardia del socialismo revolucionario y puntualmente latinoamericano, han permeado la grave crisis económica de estos países, a los que se suma, claro está, su crisis institucional, democrática, y hasta humanitaria (los mejores ejemplos de las crisis humanitarias del siglo XXI en la región provienen, justamente, de Venezuela y Cuba).

Quiero referirme también en este ensayo a la posición de Bolivia en este cuadro de crisis institucionales, humanitarias y democráticas. Si bien se especula hasta el día de hoy respecto a la buena o mala gestión pública y sobre todo económica de la “era del MAS”; lo evidente es que también en Bolivia la crisis institucional, democrática y humanitaria es visible, como iré demostrando a lo largo de los análisis siguientes. Éste no pretende ser, al igual que “Derecho, Poder y Justicia”, un ensayo dirigido al ámbito académico de Occidente; por el contrario, más bien tiene la intención de ser un esbozo de lo que a mi juicio es el quebrantamiento de la democracia boliviana en sus facetas esenciales, es decir, la igualdad, la justicia, la libertad y el pluralismo político.

También huelga decir, que he sido testigo presencial del hundimiento de la “plataforma” democrática boliviana, antes y después de mi largo exilio político de casi quince años. Y he sido testigo presencial, ya no sólo en mi calidad de intelectual, escritor y columnista; sino también como abogado, que ha presenciado tristemente la caída del régimen democrático en el país.

Una segunda advertencia que es preciso difundir, es que este texto no es ni mucho menos una réplica o un “ataque intelectual” contra la socialdemocracia, que en sus amplios términos respeto profundamente. Basta decir, que la propia Internacional Socialista, ha sido severamente crítica contra los regímenes del MAS y reiterativa en la necesidad de construir un país más justo en Bolivia. Quizás también por esta razón es que quiero dirigirme en este ensayo al lector de Europa y Norteamérica, primordial, pero no exclusivamente. En estas latitudes, y también en Latinoamérica, claro está, no existen prácticamente estudios accesibles y críticos del MAS, la representación de Evo Morales y la “intelectualidad etnocéntrica”, que, a título de indigenismo, ha roto varios principios del ideario democrático y liberal.

DIFICULTAD DE UN ANÁLISIS MENTADO E IMPARCIAL

La crisis económica y social de principios del siglo XXI, durante las presidencias de Hugo Bánzer, Jorge Quiroga Ramírez, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa Gisbert, merecen un mentado estudio en profundidad – desapasionado y controlado – para comprender el ascenso del MAS al Ejecutivo Nacional. No son pocos los estudios que tratan a la luz de ideologías propias, teñir la realidad de los acontecimientos de un lado o del otro.

En primer lugar, es preciso decir que las ideologías son un marcado problema, toda vez que a título de ser liberal, libertario, socialdemócrata, o un simple “libre pensante” con militancia o sesgo personal, se han distribuido a lo largo y ancho del mundo literaturas variadas que obedecen en lo profundo a intereses personales o sociales. Pero esta cuestión se problematiza aún más por el hecho de que estos sesgos personales e ideológicos constituyen una verdadera ceguera a la hora de pensar, parafraseando al nobel mexicano Octavio Paz.

A lo anterior se suma el hecho que las fuentes de información utilizadas a tiempo de construir un análisis de investigación serio, se ven eclipsadas por dos razones principales: la falta de una academia de ciencias políticas, jurídicas y sociales en Bolivia con un amplio abanico de oportunidades para la investigación científica, y la trayectoria poco conocedora de la materia en otras latitudes – por ejemplo, Norteamérica y Europa -. Con esto quiero decir que no existe la más mínima posibilidad de análisis desapegados de algún vicio de considerable ignorancia en la materia, o la más penosa falta de profesores universitarios dedicados plenamente a la investigación en estos campos, que a su vez sean profundamente conocedores de la realidad boliviana.

Un segundo problema, derivado del antes mencionado, ha sido la incapacidad intelectual de comprender los problemas que atraviesa la nación boliviana por ciertos mitos que es preciso desentrañar a lo largo de este texto. Los mitos del “buen salvaje” y la “leyenda negra” de la Conquista española, por ejemplo, están presentes en la casi totalidad de estudios latinoamericanos realizados hasta la actualidad. Un buen libro para adentrarse en esta mitología boliviana, es, sin duda, la obra “Los Mitos Profundos de Bolivia” de Guillermo Francovich.

Finalmente, un tercer problema, es la “pulverización” de cualquier nivel de seriedad en el discurso político boliviano que parece debatirse entre guerras medievales de la religión. Calumnias, infamias, pero también impunidad frente a tales extremos, son la moneda del día a día. Se ha llegado a un punto tal de ridiculización del debate parlamentario – para dar un solo ejemplo notable de los muchos otros – que el problema ya no son las ideas, sino la pertenencia o no al líder máximo, color o partido político. Muestra de ello, son los constantes espectáculos de pugilismo en el Congreso, precedidos de una absoluta ignorancia en una buena parte de diputados y senadores, acerca de la real dimensión que implica el por qué se hallan precisamente sentados en la Cámara Baja o la Cámara Alta.

Tengo la más absoluta convicción que la pulverización del discurso político comenzó – precisamente – con la llegada al escenario político de Evo Morales Ayma. Esta afirmación, que a los ojos de muchos ciudadanos cultos y bien informados del mundo puede sonar una exageración, no es un exabrupto ni mucho menos un ataque personal. Evo Morales Ayma, representa muchos de los males de la sociedad boliviana. Ha expresado públicamente, por ejemplo, que culminó un año escolar gracias a que su padre regaló un animal al director de su escuela rural; cuestión que se asemeja en mucho a la gran cantidad de contrabandistas en la frontera chileno-boliviana. Pero no sólo eso. Ha difamado gravemente, por imperio de la ridiculización, el honor y el prestigio de cuantas personas se le han cruzado en su camino, incluyendo mujeres, niños, periodistas, ancianos, discapacitados, y un largo etcétera. La prensa internacional, no por ignorancia, sino presumo antes que nada por intereses políticos y económicos manifiestos, no ha caído en cuenta, hasta la fecha en que escribo esta parte del libro, que el discurso de Morales Ayma, ha menoscabado gravemente, y con repercusión hasta nuestros días, cualquier concepto de democracia, pluralismo político, igualdad, fraternidad y justicia social. La imagen romántica del “primer indígena presidente de Bolivia”, además de obviar el hecho de que el Mariscal Andres de Santa Cruz y Calahumana, le precedió en su procedencia étnica indígena; ha sido también utilizado por el propio Morales para “defender” sus insanas convicciones personales a título de que le discriminan por su condición étnica.

Gritos, peleas, bloqueos de caminos, aumento del narcotráfico en el Chapare y a nivel regional, exiliados, asesinados, presos políticos, pedofilia, y un largo etcétera, son la herencia maligna del hombre a sí mismo llamado “Evo es Pueblo”. Pero quizás lo más grave de todo haya sido el hecho de que con la figura paternalista de este dictadorzuelo vestido de cómico y/o víctima de discriminación ante la comunidad internacional, se ha dejado ya una huella imborrable de la política de peor calaña. Evidentemente, así como es difícil para el pueblo ruso librarse de la tiranía de Vladimir Putin, para los bolivianos la tarea de librarse del hombre boliviano – quizás el único – que viaja en jet privado hasta Cuba o Venezuela (hablo, claro está de Morales Ayma) va a ser una tarea titánica.

DESMITIFICAR: LA TAREA DE “DERECHO, PODER Y JUSTICIA”

El tan citado libro “Derecho, Poder y Justicia”, se halla inundado de impresiones ideológicas muchas veces ciegas y taciturnas, como he dicho anteriormente. No obstante, mi crítica al régimen del Presidente Morales data del año 2006, y se fue ratificando y consolidando con mayor profundidad de análisis y “dureza” los siguientes años hasta el día de hoy. Mis opiniones políticas develaron, en un primer momento, la falta de coherencia interna entre el discurso y la realidad económica y social del país. Aunque sería demasiado largo extenderme en el repaso de todos ellos, a continuación cito su referencia: “Litio boliviano: hechos e interrogantes”, “Inversiones extranjeras y nuevos socios de Bolivia”, “¡Unir la Patria!, Algunas claves para la unidad y el desarrollo nacional”, “Los otros amigos de Evo Morales”, “La Nueva Constitución Política del Estado y los Estatutos Autonómicos de Bolivia”, “Crítica a la nueva Constitución. ¿Hacia la desmembración del Estado boliviano?”, “Los nuevos contratos petroleros”, “Bolivia y la sociedad de mentirosos”, “La raza y la cultura como principios del discurso político en Bolivia”. Todos estos ensayos y artículos se hallan en el precitado libro y en otros casos en la web.

INICIO DEL POS SCRIPTUM

El año 2010, en mi petición de asilo al Estado uruguayo, argüí todo lo que sigue, y que remarco en letras cursivas:

El clima político y social en Bolivia ha sido casi siempre turbulento. Basta rememorar que Bolivia registra a lo largo de su historia el mayor número de golpes de Estado en América Latina. Si a esto se suma, que en la actualidad y pese a sus grandes riquezas naturales, posee el Índice de Desarrollo Humano más bajo de Sudamérica, se comprenderá que de esta realidad deriven la poca institucionalidad, el desapego por las instituciones democráticas, las altas tasas de corrupción, la elevada mortalidad infantil – la segunda más alta de América Latina – y todos los problemas que si bien le son propios a cualquier sociedad latinoamericana, aquí alcanzan cuotas mucho más elevadas.

El ascenso de Evo Morales como Presidente de Bolivia el año 2006, constituyó una esperanza para millones de bolivianos, quiénes veíamos que junto a él se podía lograr una mayor participación política de los sectores populares e “indomestizos” de la nación boliviana, y más importante aún, recuperar e industrializar los recursos naturales de los bolivianos, construir una sociedad más equitativa, la integración de las capas sociales a partir del fomento de la diversidad cultural antes que la fragmentación social, y evitar la intromisión foránea en los asuntos capitales de la política y la economía nacionales.

Sin embargo, se advierte ya desde su primer mandato, que Evo Morales no es sólo el Presidente boliviano; sino que los aparatos de propaganda se han encargado de llevarlo a la condición de “mito”, con lo que la “revolución democrática y cultural” boliviana no es el resultado de un programa de gobierno revolucionario ejecutado, sino la encarnación misma de su líder. Para quién no conozca los medios de comunicación gubernamentales, el Gobierno boliviano consume alrededor de 15 horas al día en propaganda política para exaltar a su líder, llevado a la categoría de Sumo Pontífice.

El principal mito construido entorno a Evo Morales es la vieja leyenda del “indígena bueno”. Cualquier crítica a su gobierno es acusada de racista en el ámbito nacional e internacional – incluso Morales llegó a decir que Barack Obama lo discriminaba, al decir que ahora un “negro” discrimina a un “indígena” -. Entonces, el apelativo “indígena” es un escudo protector de su inmaculado líder.  Morales Ayma, en esta exaltación de sujeto indígena por antonomasia, ha reavivado con este discurso, odios y rencores entre mestizos, blancos e indomestizos, antes que lograr la reunificación social entorno al reconocimiento del sincretismo y la diversidad cultural boliviana.

Una vez “mitificado” su líder, y enceguecidos sus electores por este debate racial y etnocéntrico, el Gobierno boliviano se ha encargado de avanzar sistemáticamente hacia el control total del poder político. El primer paso en este propósito fue la destrucción del Tribunal Constitucional de Bolivia, a partir de la suspensión de los Magistrados de esta instancia y la no elección de nuevas autoridades por trabas sistemáticas del Movimiento al Socialismo en el Congreso Nacional. Así, desde hace ya varios años, la máxima instancia de control constitucional ha quedado sin quórum reglamentario, con lo que nadie puede discutir ni enervar las normas jurídicas promulgadas por el Ejecutivo Nacional. El propio recurso constitucional de Hábeas Corpus – también llamado Acción de Libertad -, o el Amparo Constitucional, han dejado de tener validez, toda vez que han quedado pendientes miles de trámites para su revisión en el Tribunal Constitucional.

El tercer paso en esta toma del control político total, fue sin duda la aprobación inconstitucional de la Nueva Constitución boliviana. Aprobada entre “gallos y medianoche” en un cuartel militar, y eludiendo el procedimiento de su propia ley de convocatoria, el nuevo texto constitucional es abiertamente racista y discriminatorio, pues establece, entre otras condiciones, que ciertos ciudadanos tienen mayores probabilidades de ser electos miembros del Congreso Nacional o el Poder Judicial, por su sola condición racial. Verbigracia, de acuerdo a la Nueva Constitución, el Tribunal Constitucional estará compuesto por una mitad de profesionales abogados, y otra mitad de ciudadanos “indígenas”. Todos ellos, indígenas y abogados, serán electos por sufragio universal, con lo que estos futuros jueces de Bolivia deberán agruparse políticamente y hacer campañas electorales para administrar justicia en esta instancia. En los hechos, lo que busca el Gobierno boliviano con esta acción, es controlar el Poder Judicial, tomando siempre como bandera, viejas reivindicaciones raciales.

El cuarto paso en esta escalada de control político total, ha sido la criminalización de los opositores políticos, a partir de un acuerdo secreto entre los jueces de la Corte Superior de Justicia de La Paz y representantes de la Fiscalía de Distrito de La Paz con el Vicepresidente Alvaro García Linera, destinado a encarcelar a todos sus adversarios políticos, y darles así “muerte civil”. Como profesional abogado afiliado al foro paceño puedo dar testimonio de que quién maneja las decisiones de enjuiciamiento criminal a todos los opositores políticos del régimen, es precisamente, el propio señor Vicepresidente, Alvaro García Linera, a través de su antigua abogada Dra. Mary Carrasco, y el señor Presidente, Evo Morales Ayma, por medio de la Ministra de Estado y también abogada, Dra. Nardi Suxo Iturri. Propios funcionarios de la Fiscalía de Distrito de La Paz me han informado que la Dra. Mary Carrasco instruye al Fiscal de Distrito de La Paz y a los magistrados de la Corte Superior de Justicia de La Paz el procedimiento, los requerimientos y la investigación del Ministerio Público, y las decisiones judiciales contra los adversarios políticos. En relación a la Dra. Nardi Suxo, a quién he conocido personalmente, puedo afirmar que es ella quien personalmente se reúne con Fiscales y Jueces y llama a éstos por teléfono a efecto de instruir una u otra decisión. En efecto, el año 2007, cuando mi persona estaba a cargo de la Dirección Legal de la Caja Nacional de Salud, la Dra. Nardi Suxo se reunió conmigo en su despacho ubicado en la calle Batallón Colorados piso 11 de la ciudad de La Paz; y en esa oportunidad, me presentó al Fiscal Edward Mollinedo, de quién me dijo tener el mejor concepto y era de su absoluta confianza para “coordinar” cualquier acción en el Ministerio Público.

Desde un punto de vista legal, el Vicepresidente Alvaro García Linera y el Presidente Evo Morales Ayma, actúan flagrantemente al margen de la ley, pues no están facultados a constituirse en sujetos procesales dentro de los juicios penales que no les afecten personalmente. De acuerdo a las leyes bolivianas en vigencia, únicamente el Ministerio Público representa al Estado y la sociedad en los procesos judiciales relacionados con delitos de orden público.

El quinto paso en la escalada de control político, una vez consolidado el mito de Evo Morales, la destrucción del control de constitucionalidad, la promulgación de una Constitución hecha según la conveniencia electoral, la criminalización de los opositores internos y externos sumado al acuerdo político con miembros de la Corte Superior de Justicia de La Paz y la Fiscalía de Distrito de La Paz… con la finalidad de minar toda su reputación y de ser luego expuestos ante los Tribunales en juicio cuáles barrabases en un Circo Romano.

En otras palabras, la dignidad humana ha sido acá suprimida, y ya no es su respeto, como diría el artículo 6 de la antigua Constitución de 1967, el deber primordial del Estado boliviano.

Y MÁS ALLÁ DE BOLIVIA, LATINOAMÉRICA Y EL MUNDO

Me he decantado, luego de una algo tediosa espera, por incluir en este post scriptum artículos míos publicados a raíz de los acontecimientos mundiales más recientes, como la guerra de Ucrania y la de Medio Oriente, que amenazan la paz mundial y hasta el orden medianamente democrático occidental.

Respecto a lo primero, estoy claramente convencido de que Ucrania ha sido dolorosamente atropellada con la invasión orquestada por Vladimir Putin. Y en relación a lo segundo, prefiero abstenerme de dar una opinión definitiva, toda vez que con ello quiero contribuir a la paz tan ansiosamente esperada por líderes del mundo que respeto profundamente, como Antonio Guterres y el Papa Francisco. No por esto, sin embargo, dejo de leer con inusitada atención y profundo dolor, la afectación a la población civil de Gaza e Israel.

También en estas letras, encontrará el lector, algunas reflexiones sobre el panorama político latinoamericano, tan venido a menos con el reciente asalto a la embajada de México en Quito por miembros de la Policía Ecuatoriana, en franca contravención del derecho diplomático internacional.

Sin mayor preámbulo, invito al lector a sumergirse en mi visión de la polis boliviana e internacional, a partir de mis artículos publicados en los últimos cuatro años. Esta recopilación, no está exenta de autocríticas mías a posiciones que luego he considerado y hasta el presente, manifiestamente equivocadas. Errar es humano, no admitir esta falencia, un acto de cobardía.  

Mauricio Ochoa Urioste.

Atlántida, Uruguay, 14 de mayo de 2024.

II. 2020 – 2024: UN CUATRIENIO TURBULENTO

• A propósito de lo ocurrido en la embajada de México (10 de abril de 2024)

La Convención de Viena de 1961 es contundente a la hora de establecer la imposibilidad de asaltar una misión diplomática. Contra todo pronóstico, el mundo vive en la actualidad la germinación de regímenes que poco o nada hacen por respetar las leyes que preservan las relaciones y la sociedad internacional.

En el caso concreto del asalto de la embajada de México en Ecuador, no se necesita ser demasiado diestro en la materia. Es muy grave lo acontecido, y un temerario precedente en la región iberoamericana. En contra de este proceder se han manifestado, con mucho acierto, entre muchos otros, la Unión Europea, el secretario general de las Naciones Unidas, los gobiernos de España y del Reino Unido, etcétera.

La política afincada en acciones que violan la ley, tarde o temprano se condena: en el caso de Ecuador, seguramente, esta condena será resuelta por la Corte Internacional de Justicia. También los Estados son responsables de salvaguardar el sistema universal y regional de los derechos humanos, y en paralelo, en situaciones de conflicto bélico, el derecho internacional humanitario.

Las desgracias que está viviendo el mundo, asolado por guerras y tempestades, exige presionar y denunciar cualquier atropello. He leído, por ejemplo, con bastante estupefacción, que cierto analista político boliviano intenta justificar el proceder del Estado ecuatoriano sobre la base de que su exvicepresidente puesto en tela de juicio, habría cometido delitos comunes. Se trata de una valoración equivocada, toda vez que las misiones diplomáticas son por definición inviolables.

También preocupa sobremanera que existan resabios de autoritarismo en Bolivia en cierta clase política, y ésta es la razón principal de lo escrito. No tengo nada en común con la izquierda latinoamericana, ciertamente, pero mucho menos con el autoritarismo o las medidas de fuerza descontrolada. Una sociedad internacional civilizada debería profundizar en el respeto y la promoción del derecho internacional público, porque de otra manera acabaremos todos perdiendo.

• La ley internacional prevalecerá (29 de marzo de 2024)

A los años entre celdas y penurias de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, se suman numerosos actos de persecución política en Bolivia, que en su conjunto ha llevado a ciudadanos bolivianos enfrentar en condiciones desiguales el oprobioso sistema judicial, y a otros, a vivir el quebranto espiritual del destierro y el exilio..​.

Si en décadas pasadas, Bolivia pudo superar un régimen autoritario y otorgar una amnistía general e irrestricta a los perseguidos políticos, tal como rememora más de una vez Guido “Chelelo” Añez; hoy, en cambio, la realidad es otra, pues el gobierno niega cínica y tajantemente cualquier carácter político de los enjuiciamientos plagados de ilegalidades e irregularidades contra personas físicas que desempeñaron funciones públicas en el país.

Tales hechos significativos, conducen a la interrogante de si el futuro se mostrará o no promisorio para los exiliados, refugiados y presos políticos. Conviene recordar que Bolivia integra el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Signatario, como es, del Pacto de San José –por poner sólo un ejemplo– no queda la menor duda que se encuentra reatada por la ley internacional al respeto de derechos y garantías personales inviolables.

Éstas no son solamente palabras vacías de sentido. La ley internacional, y en especial, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, faculta a la Corte establecida en San José de Costa Rica, inclusive a condenar a los Estados que violan lo preceptuado en la norma citada.

Así como Bolivia perdió tácita o explícitamente el acceso soberano al mar en La Haya, por argumentos jurídicos faltos de contenido jurídico sostenible, de igual manera, Bolivia perderá en Costa Rica sendos procesos llevados adelante por violación a los estándares internacionales en esta otra materia. Salvo, eso sí, que haya un cambio de régimen político y se lleguen a soluciones diferentes, de conformidad a la ley.

Por lo tanto, si algún alivio resultara de estas palabras, es que este vía crucis existencial acabará en algún momento. Ojalá, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, atienda al hecho principal de que en Bolivia el sistema judicial boliviano está carcomido por intromisión flagrante del Ejecutivo, chicanas, tinterillos, “sembradío” de pruebas, y otras falsificaciones procesales; siendo así la justicia prácticamente inexistente, si por justicia entendemos lo justo y apegado a la ley nacional e internacional.

• Tribunal Constitucional al margen de la legalidad (7 de marzo de 2024)

Las falencias, ambigüedades y falta de eficacia de la Constitución de 2009, son asuntos sobre los que he tratado en anteriores artículos. Sin embargo, antes de entrar en materia de este artículo conviene repasarlos de manera breve. Dentro de las falencias del proyecto constitucional del 2009, se halla, por supuesto, la falta de consenso político entre los constituyentes; asunto que dio origen a la promulgación de una norma suprema que no condice con el pluralismo político y carácter democrático que dice sostener. Respecto a las ambigüedades, son de tal calado que sólo cabría mencionar como ejemplo, el hecho de haber creado un Estado Plurinacional, sobre la inexistencia de naciones en sentido propio del término. Verbigracia, el “pueblo toromona”, no constituye una nación ni mucho menos tiene un idioma escrito que pueda ser considerado oficial. Esta misma ambigüedad se ve reflejada en otras tantas “naciones indígenas originario campesinas”. Ni siquiera hay en la parte orgánica, una delimitación territorial y organización de los así llamados pueblos indígenas originarios campesinos; hechos, todos ellos, que han resultado en una falta de eficacia de la Constitución, y conviene subrayar, elementos que han provocado auténticos atentados contra el Estado Social y Democrático de Derecho.

Entre estos “atentados” se encuentra el hecho que la representación política ya no es igualitaria. Roto el principio de igualdad ante la ley, se menciona ciudadanos de primera y segunda categoría. Podríamos además mencionar, cuantiosas normas de desarrollo de la Constitución boliviana, que han quebrado los principios de libertad, imperio de la ley, delimitación de los poderes públicos, etcétera.

El órgano más importante incorporado en la reforma constitucional de la década de 1990, fue, sin duda, el Tribunal Constitucional. Auto-prorrogado de manera artificiosa ahora, el TCP emitió durante su triste legado sentencias absolutamente draconianas y contrarias al más básico sentido democrático; entre las que cabe citar la reelección indefinida como un derecho humano, pero también la “legalidad” de muchas otras normas jurídicas, que contravienen el ordenamiento jurídico interno e internacional en materia de derechos humanos.

Conviene citar, y no es menos trascendental, que el TCP, inclusive “hizo desaparecer” sin motivo o justificación alguna, una sentencia constitucional sobre la validez o no, de los juicios en rebeldía o ausencia; hecho que fue de conocimiento público. La negativa de notificar a la autoridad recurrente hasta la fecha, tuvo un simplista argumento: el documento no era el “definitivo”, pese a que el Ministro Iván Lima Magne, consideró lo contrario en televisión.

Que las autoridades o personas de un país como Bolivia actúen al margen de la ley, no es un asunto privativo del país. Lo grave es que inclusive el TCP lo haga. Y para colmo, que no interprete la Constitución para dejar sin efecto normas que contrarían la parte dogmática de la Constitución y el Bloque de Constitucionalidad al que se suman los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos.

• Una Constitución de Reconciliación Nacional (13 de febrero de 2024)

Bolivia ha tenido una primera Constitución – la de 1826 – reformada parcialmente diecinueve veces hasta la del año 2004. En rigor académico y conceptual, la segunda Constitución boliviana, por lo tanto, fue la aprobada el año 2009, que es por definición, ampulosa y llena de desatinos históricos desde su propio preámbulo. En cierta forma, se puede decir que es la resultante del quehacer de diferentes comisiones en la Asamblea Constituyente – no exenta de graves conflictos políticos y sociales – y sobre todo del trabajo exclusivo y excluyente de gente ligada de manera directa o indirecta al Movimiento al Socialismo.

En estas circunstancias, mal podría hablarse de una Constitución pensada o nacida con el ánimo de llevar adelante una profundización de la democracia, el bienestar social y económico de los bolivianos y el respeto del pluralismo político. Por el contrario, las huellas de un indigenismo a ultranza son notables si se hace una lectura acabada del texto. Así sentadas las bases de esta Constitución, a la postre se ha profundizado el autoritarismo en el país, y en no menor medida, se ha disuelto en la práctica la separación de poderes, y para colmo, se ha llevado a la cárcel y al exilio político a miles de conciudadanos.

Consecuentemente, la naturaleza del texto aprobado el 2009, adolece de graves faltas de interpretación histórica, y se halla precedida de insuficientes, cuando no mínimos debates y nulos consensos en comisiones constituyentes. Recordemos, además, que la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente definía la aprobación del texto final por dos tercios de votos; extremo que luego fue desobedecido por los propios constituyentes al aprobar un proyecto de Constitución en Sucre, por dos tercios de los “miembros presentes”, a puerta cerrada y en un cuartel militar cercano a La Glorieta. Luego, serían individuos bolivianos y algunos europeos, los encargados de redactar el texto definitivo; extremo no contemplado en la ley, claro está.

Después de más de una década de aprobación de la Constitución de 2009, con artimañas, mentiras, dobleces y luto, conviene plantear seriamente a la actual y las futuras generaciones, una nueva Constitución de Reconciliación Nacional, sobre la base de la libertad, la igualdad, la justicia, y el pluralismo político. La historia enseña que una Constitución hecha sobre la base de aspiraciones democráticas – como por ejemplo la Constitución Española de 1978 que puso fin al régimen franquista – prospera y tiene frutos a corto, mediano y largo plazo.

• Bolivia a un lado de la balanza en la cruenta guerra (7 de noviembre de 2023)

El mundo se encuentra embarcado en dos guerras humanitariamente catastróficas: la de Ucrania y Oriente Medio. Increíblemente, el gobierno de Bolivia, no ha escatimado en ponerse en ambos conflictos bélicos a un lado de la balanza.

Primero, apoyó tácitamente a Rusia con declaraciones altisonantes en contra de la OTAN, por el “jefe supremo” del Movimiento al Socialismo, Evo Morales. A la par, en la misma línea de la historia, el gobierno de Arce Catacora, avanzó en acuerdos comerciales y hasta de “defensa” con la Federación Rusa e Irán.

Tristemente, Bolivia ha optado también por romper relaciones diplomáticas con Israel, acusándolo gravemente en una conflagración que lejos está de ser resumida en pocas palabras. Un poco de cordura, haría mucho bien.

Mi punto de vista, al menos el mío, valga la redundancia, es que en conflictos armados de esta naturaleza el gobierno de Bolivia – como miembro asociado del MERCOSUR y parte de la Comunidad Andina – debería guardar prudencia, y no echarse tan fácilmente a un lado de los contendientes. Neutralidad sería el mejor camino para no enturbiar más el conflicto de escala casi planetaria, ni aparecer como peón de regímenes de facto, tales como Irán y Rusia. Pero, muy lamentablemente, lejos estamos de prudencias o templanzas.

Aquí, vale la pena también preguntar, cuáles son los acuerdos militares, geopolíticos y geoestratégicos con Irán y Rusia, de parte de Bolivia, y su impacto en la región. Y de igual manera, si Europa va a seguir en una posición contemplativa y muchas veces de defensa de la así llamada “democracia” e “institucionalidad” boliviana.

Estados Unidos, y el gobierno de Joe Biden, también debería asumir una postura clara en el conflicto que encierra la puesta en marcha de un régimen que no respeta los derechos humanos, ni constituye una democracia, tal como lo acredita con suficiente rigor el Proyecto Mundial de Justicia (WJP), que revela el hecho que Bolivia ocupa el puesto 131 entre 142 países en cuanto al cumplimiento del Estado de derecho de sus ciudadanos en 2023. ¿La Unión Europea, los países de la eurozona, y Estados Unidos van a seguir “callados” frente a los atropellos del régimen boliviano contra la ciudadanía en su conjunto?.

En todo caso, y volviendo al primer acápite, cortar relaciones diplomáticas con Israel, justo ahora que el conflicto puede ampliarse – ojalá que no – a otros países de la región, es un enorme exabrupto diplomático e institucional. Una buena parte del mundo, la propia ONU y el Vaticano, por poner sólo algunos ejemplos, abogan por la paz, e inclusive han criticado tanto a Hamás como a Israel en sendas oportunidades. Pero cosa muy distinta es aliarse a un bando, que en nada contribuye a los afanes de alto al fuego, ayuda humanitaria y liberación de los rehenes, que al menos explícitamente, han hecho conocer el Papa Francisco y el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres.

• La paz es el camino (24 de octubre de 2023)

El papa Francisco ha posteado por el canal X: “la guerra, toda guerra que hay en el mundo – pienso también en la martirizada Ucrania – es una derrota. La guerra siempre es una derrota, es una destrucción de la fraternidad humana. ¡Hermanos, deteneos!. ¡Deteneos!”.

En un artículo anterior, hice referencia a la gravedad de los ataques del grupo terrorista Hamás, que además ha tomado a dos centenares de rehenes, según versiones reproducidas en distintos medios de comunicación. Pero la guerra de Israel contra Hamás está fuera de control, ya no sólo por el accionar de Hamás, sino también debido a la catástrofe humanitaria que vive el pueblo Palestino expulsado del norte de la Franja de Gaza, y el continuo bombardeo israelí, inclusive contra civiles y personas que trabajan en agencias humanitarias como la Cruz Roja Internacional, Médicos sin Fronteras y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA).

Deplorables fueron las acciones de Hamás, como igualmente espantosas son las acciones del gobierno de Netanyahu contra objetivos civiles. Consternación mundial, y no otra cosa, provoca el comunicado público de UNRWA que deja al descubierto la muerte de más de casi una treintena de personal de esta agencia humanitaria, tras los ataques israelíes. Y no sólo eso. Las cifras son escalofriantes: un millón de personas desplazadas, no hay agua ni electricidad en centros de salud de Gaza, bombardeo a una mezquita y un hospital, etcétera.

Nelson Mandela dijo el 4 de abril de 1967: “no podemos quedarnos callados, todos aquellos que abogamos por la paz debemos levantar nuestras voces con todas nuestras fuerzas. Debo hablar ahora, no como un teólogo, ni como un líder de los derechos civiles, sino como un hijo de Dios y un hermano de los sufrientes pequeños de Vietnam. Debo hablar por aquellos que están desesperados, por aquellos que están desamparados, por aquellos que buscan la paz”.

El papa Francisco y Nelson Mandela marcan la vía correcta – la única vía posible – para solucionar el conflicto de Medio Oriente. La paz negociada entre israelíes y palestinos debe ser un imperativo categórico si es que todavía osamos llamarnos una civilización humana. Lo demás – bombas, asesinatos, rehenes, niños y bebés en desconsuelo, enfermos que sufren por causas ajenas – son actos de barbarie, vengan de donde vengan.

• Ucrania e Israel en mi memoria (12 de3 octubre de 2023)

Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y Premio Nobel de la Paz, durante su discurso de aceptación del Premio Nobel en 1986, dijo: “… la memoria de Auschwitz está en nuestras manos. Amenaza con convertirse en una carta que se juega, pero debemos recordar lo que sucedió allí. Porque si alguien hubiera dicho en 1945 que Auschwitz había sucedido en la historia de Europa, no se le habría creído. Y hoy hay tanto olvido y tanta ignorancia sobre Auschwitz. Por eso, para que el mundo no perezca una vez más en su propia indiferencia y en su propia impotencia, juramos recordar y no olvidar”.

Desde mi juventud, he abogado con aciertos y algunos infortunados desaciertos por la defensa y la promoción de la dignidad humana y los derechos humanos. En la tradición judeo-cristiana, la persona es “Imago Dei”, una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, por lo que su dignidad inalienable no debe ser jamás puesta en duda, y mucho menos, ser instrumentalizada al servicio del poder y las máquinas de la muerte. Kant diría con acierto que el ser humano no puede ser un medio, sino un fin en sí mismo.

Hoy, 10 de octubre de 2023, a pocos meses de finalizar este año, me parte el corazón de dolor el sufrimiento de Ucrania e Israel. Sobre la invasión rusa, tan premeditada, como no menos escandalosa y fuera de toda legalidad a la luz del derecho internacional, me he referido en anteriores artículos de opinión. Es trágico, ver pasar los días y las noches, con gente que se halla desolada por las muertes de niños, jóvenes y ancianos, por las ansias de dominio del usurpador de Crimea, que desató hace más de un año ya, una guerra absurda.

No con menor dolor, escribo estas líneas, cuando son apenas tres días del terrible atentado del grupo terrorista Hamás en suelo israelí. Y no existe dolor que paralice las manos de quien escribe. Me inunda una terrible indignación como habitante del mundo civilizado, pero al mismo tiempo un deseo de decirle a este mismo mundo que nuestra memoria colectiva puede más que la negación de los acontecimientos en Medio Oriente.

En efecto, el año 2023 será recordado también por el momento más infausto después del Holocausto para Israel, por el nivel de temeridad y agresión contra el pueblo judío. Nada calma el dolor de ver imágenes de jóvenes felices en una fiesta “rave” luego acribillados, leer sobre el hecho de niños asesinados, rehenes de distintas nacionalidades, y la calamidad que pesa sobre los familiares de todas las víctimas.

Mi deseo de paz universal es sincero y honesto. Hace bien Josep Borrel y una buena parte de la diplomacia europea, en aseverar que no sería justo poner cortapisas al mantenimiento vital de los ciudadanos, ni recortar la ayuda económica europea a Palestina, para no crear nuevos odios infundados o menoscabar aún más la ya penosa situación de Medio Oriente.

Pero el año 2023, será recordado ya no por lo que vino después. Desde el 7 de octubre de 2023, yo también estoy de luto, sin ser judío. Quizás sí, por ser hijo de Dios. Pero antes que nada por ser un hombre que siente en el alma las desgracias de nuestra historia.

• La “edad digital” (30 de agosto de 2023)

Los avances tecnológicos dejan entrever que no estamos, como en el pasado, ante un simple cambio en los modos de producción o industriales; sino ante una auténtica “edad digital” que ha dejado muy atrás la contemporánea iniciada en la Revolución Francesa.

Si no existe todavía un consenso general sobre el final de la Baja Edad Media, es porque sucedieron acontecimientos de tal calado que pasaron los límites de la imaginación de la época precedente: el descubrimiento de América, la invención de la imprenta y la reforma protestante. ¿Hoy en día vivimos ante una nueva “era digital”, o es que ya se puede hablar de una nueva edad posterior a la contemporánea?

Los grandes acontecimientos de la historia de la humanidad han dejado huella profunda, no sólo en la forma de pensar del colectivo humano, sino en su hábitat natural y su modus vivendi, esto es, en profundas transformaciones económicas, sociales, políticas y jurídicas, que además repercuten en otros ámbitos como los del medioambiente y la vida cotidiana.

Luigi Ferrajoli, hace algunos años atrás, propuso una nueva Constitución mundial, que acabaría -a decir de tratadistas de derecho continental- con la vieja tradición del derecho internacional público. Se trata de una propuesta, según la cual, los gobiernos del orbe tendrían la necesidad de acogerse a un mínimo espacio de convivencia social basada en derechos fundamentales, y relaciones de vida en sociedad.

Aunque los gobiernos del presente distan algo lejos de la contemplación de esta propuesta en sí revolucionaria, no cabe duda que la globalización de la economía y las relaciones humanas, provocadas en gran medida por los trascendentales cambios tecnológicos de los últimos veinte años, permiten ya hablar de una nueva edad, que bien podría llamarse “edad digital”, para marcar su diferencia con la edad contemporánea.

El inicio de esta edad digital, según la hipótesis planteada, tendría surgimiento en la década de 1990, cuando se mundializó el uso del internet. Conocedores somos, quienes hemos nacido con anterioridad a esta década, que los años 70 y 80 del siglo pasado, coexistían con usos y costumbres absolutamente diferentes.

El uso ya masivo del internet y la Inteligencia Artificial (IA) están marcando ya su paso en diferentes áreas del desarrollo científico, como son la conectividad global, la automatización y la robótica, el aprendizaje automático, el Big Data, la realidad aumentada y virtual, cambios en la educación y la salud, economía digital y nuevas formas de trabajo.

La filosofía se cuestiona a diario, los desafíos, vicisitudes, y problemas de esta nueva realidad. El derecho, pero también las ciencias sociales, se cuestionan sobre el uso de estas prácticas sociales, y reacomodan el tablero de ajedrez. Es imprescindible, por ello, leer con detenimiento y no menor atención, los hechos de la vida presente, para plantear colectiva e individualmente cambios necesarios.

• De falsas narrativas y parsimonias (5 de junio de 2023)

El martes 30 de mayo del presente año, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, dio un contundente espaldarazo a Nicolás Maduro, líder de una de las dictaduras más atroces de América Latina.

Lo que llamó la atención de la reciente cumbre de presidentes celebrada en Brasilia, efectivamente, fue la disimulada parsimonia y alto nivel de cinismo con el que Lula da Silva, trató el caso venezolano. Durante el amistoso encuentro, el líder brasileño aseguró que “sobre Venezuela hay muchos prejuicios”. Sin hacer referencia a los informes de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Lula aseguró: “Yo he ido a países que no saben donde queda Venezuela pero dicen que Venezuela tiene una dictadura. Nicolás Maduro, ustedes tienen que descontruir esa narrativa (…)”.

”Contra la gente se construye narrativas. Nicolás Maduro sabe muy bien la narrativa que han construido contra Venezuela. Ustedes saben la narrativa que han construido sobre el autoritarismo y la antidemocracia. Ustedes tienen como medios desconstruir esa narrativa”, agregó Lula.

Ante tales declaraciones trasnochadas del presidente Lula da Silva, se expresaron en sentido contrario los presidentes de Uruguay y Chile, respectivamente. Y no con menor sorpresa. El caso de Venezuela representa un oprobioso ejemplo de la dictadura en la región, con presos políticos, millones de exiliados (más que en muchas guerras de la edad contemporánea), medios de prensa silenciados, y un largo etcétera que es de conocimiento continental y mundial.

Brasil ya no es, ciertamente, el gendarme de la paz y la democracia en la región. Aliado como está Lula da Silva a los oscuros intereses venezolanos, habría que preguntar si acaso ello no va en consonancia con sus palpables contradicciones para calificar la guerra de Ucrania, como lo que es; una parte del expansionismo e imperialismo del siglo XXI impuesto por Vladimir Putin y sus secuaces.

No se puede ser aliado de Occidente y cómplice encubierto de la dictadura que asola Caracas. Se trata de un sinsentido que más temprano que tarde Itamaraty deberá pagar. Porque es bien sabido que en el seno de la Organización de las Naciones Unidas, los votos del régimen chavista van en desmedro de las democracias occidentales y sus valores y presupuestos principales.

• Downing Street contra el derecho internacional (14 de marzo de 2023)

Una nueva ley contraria a los principios más elementales del derecho se discute en la Cámara de los Comunes dominada por los Tories. La Ministra del Interior, Suella Braverman, dijo, para este cometido, que la norma jurídica en ciernes «se sitúa en los límites del derecho internacional, pero no lo quebranta» (sic)1.

Hablar de límites y no de una clara violación al derecho internacional. Tal es el nuevo discurso mediático de un gobierno que ya el 2022 quiso atravesar los propios márgenes de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (en adelante, Convención de la ONU), luego de aprobar una torpe e injusta reforma migratoria que prácticamente acabó siendo declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En efecto, dicha instancia jurisdiccional, señaló la inconsistencia jurídica de deportar en un avión a ciudadanos solicitantes de asilo en suelo británico a Ruanda; una medida que, amén de quebrantar claramente el derecho internacional de los derechos humanos, criminaliza el ejercicio del derecho que asiste a toda persona para buscar y obtener asilo en cualquier rincón del mundo (al menos en la enorme cantidad de países que ratificaron la Convención de la ONU).

Por su parte, Enver Solomon, director de Refugee Council, una de las ONG que han denunciado los planes del gobierno, dijo que «… es inviable, costosa y no va a frenar la llegada de los botes». La organización considera que la nueva norma hace añicos el compromiso de Reino Unido de brindar a los refugiados una audiencia justa, independientemente de cómo hayan llegado al territorio, de acuerdo con la Convención de la ONU.

Actualmente, los solicitantes de asilo que llegan a Reino Unido tienen derecho a buscar protección en virtud de la Convención de la ONU y la Convención Europea de Derechos Humanos.

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, ha descrito las medidas que recoge la nueva ley como «muy preocupantes» ya que considera que dejaría sin protección incluso a aquellas personas con una solicitud de asilo convincente.

Su representante en Reino Unido, Vicky Tennant, aseguró al programa Newsnight de la BBC que la medida violaría el derecho internacional. «Creemos que es una clara violación de la Convención de Refugiados», y recordó que «incluso las personas con solicitudes muy imperiosas simplemente no tendrán la oportunidad de presentarlas».

La Convención de la ONU, es un tratado multilateral que establece quién califica como refugiado y las obligaciones de los Estados signatarios para protegerlos.

Aires combativos

Sin embargo, los conservadores británicos respaldan la nueva ley que niega el derecho a reclamar asilo a los que llegan en patera a las costas inglesas. Y como prueba de ello el Primer Ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, afirmó recientemente y en tono belicoso: “estamos preparados para luchar, y confiamos en ganar la batalla. Si nos desafían, responderemos con dureza, porque creemos que estamos haciendo lo correcto, y de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales”.

Según reporta Rafa de Miguel para el periódico El País de Madrid (2), “el Gobierno ya ha admitido que su ley puede no ajustarse a la normativa internacional de derechos humanos. En concreto, a la Convención Europea de Derechos Humanos [que el Reino Unido firmó en 1951]. Existen además serias dudas sobre su compatibilidad con la Convención para Refugiados de Naciones Unidas”, señala Lubna Shuja, presidenta de The Law Society, la institución que apoya el ejercicio de la abogacía en Inglaterra y Gales, y vela por la preservación del Estado de derecho. “El Estado de derecho queda socavado si el Gobierno del Reino Unido asume el planteamiento de que puede incumplir las leyes —internacionales o domésticas—. Si un Gobierno incumple la ley, quiebra la confianza de sus propios ciudadanos y de sus aliados internacionales”, afirma Shuja.

De todos los inmigrantes que hicieron en 2022 la travesía del canal, según datos del Ministerio británico del Interior, un 10% procedían de Irán; otro 10% de Irak; un 15% de Afganistán; un 8% de Siria y un 35% de Albania. Este último dato —el elevado número de llegadas de un país europeo en el que no hay un conflicto bélico—, junto con el hecho de que un 75% de los llegados desde 2018 sean varones adultos, ha permitido al Gobierno de Sunak definir a la ola de recién llegados como inmigrantes “ilegales” que deciden saltarse la cola, en detrimento de los contribuyentes británicos y de aquellos que viajan hasta el Reino Unido a través de los cauces legales.

“Es una ley inmoral, porque culpa y estigmatiza a los inmigrantes solamente por el modo en que han llegado al Reino Unido, en vez de atender a sus propias circunstancias personales”, acusa Sheona York, jurista especializada en asuntos migratorios de la Facultad de Derecho de Kent. “Los botes que lleguen mañana [a las costas inglesas] pueden transportar a una mujer que huye de la mutilación genital, a uno de los afganos que el propio Reino Unido seleccionó para su evacuación de aquel país y que no pudo llegar al aeropuerto, o a un opositor iraní cuya mujer ya esté aquí, pero no se pueda arriesgar a esperar dos años por un visado de reunificación familiar”, señala York.

Señales de ilegalidad

El Gobierno de Sunak —en concreto, la ministra Braverman— ha dado pistas claras de su voluntad de forzar las normas. Tal y como le obliga la Ley De Derechos Humanos de 1998, el texto que el Reino Unido aprobó para que sus jueces y tribunales se ajustaran a las disposiciones de la Convención Europea de Derechos Humanos, ha admitido sus dudas en el preámbulo de las nuevas medidas. Es el modo de trasladar toda la responsabilidad al Gobierno y evitársela al Parlamento. “Soy incapaz de hacer una declaración pública que corrobore que, bajo mi criterio, las medidas de la Ley contra la Inmigración Ilegal sean compatibles con la Convención [Europea] de Derechos [Humanos], pero el Gobierno desea aun así que la Cámara de los Comunes tramite el texto”, ha escrito Braverman negro sobre blanco.

Hay más. La nueva ley, en su primer artículo, deja claro a los tribunales británicos que deberán limitarse a aplicar sus disposiciones, sin interpretar —como estaban obligados a hacer hasta ahora— si se ajustan o no a la convención. Al atar las manos de jueces o abogados británicos, el Gobierno de Sunak se prepara para la que intuye será la verdadera batalla, cuando el asunto acabe recalando en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

“Si el Reino Unido pierde, o bien acata la sentencia del TEDH —y eso significará que la ley no ha servido para nada— o puede desafiarla, y situarse de ese modo en quebranto de las obligaciones de derecho internacional establecidas por la convención”, pronostica Jonathan Jones, abogado y jefe del departamento de asesoría legal del Gobierno británico hasta 2020.

Primero lo intentó Boris Johnson; después, y brevemente, su sucesora, Liz Truss: y ahora Sunak, que ha vinculado el éxito de su mandato a acabar con la crisis migratoria. Stop the Boats (Detengamos las Pateras), dice el eslogan con que el que se ha puesto en marcha su Gobierno. Pero las maniobras desplegadas hasta ahora se han revelado inútiles. El acuerdo con Ruanda para deportar los inmigrantes interceptados a ese país africano está paralizado. El TEDH frenó en seco el despegue del primer avión que iba a zarpar del Reino Unido el pasado junio. Su decisión encolerizó al ala dura de los conservadores y animó al Gobierno a rebelarse contra la jurisdicción de ese tribunal.

Las decenas de millones de euros entregados a Francia para reforzar la vigilancia policial de sus costas —un compromiso reforzado este mismo viernes por Sunak y el presidente francés, Emmanuel Macron, en París— no han frenado la llegada de inmigrantes. El cronómetro corre en contra del mismo primer ministro británico, que ha utilizado guante de seda para mejorar sus relaciones con la UE en la era post-Brexit, pero puño de hierro con la inmigración, para contentar y mantener calmada al ala dura de su partido.

1. En qué consiste el plan para los refugiados del gobierno británico que criticó el presentador Gary Lineker y provocó su suspensión de la BBC – BBC News Mundo.
2. “Vamos a dar la batalla y ganarla”: Sunak fuerza el derecho internacional para frenar la crisis migratoria | Internacional | EL PAÍS (elpais.com)

• El escándalo de Joel Hernández García y la CIDH en Bolivia (3 de abril de 2023)

Para nadie es ajeno que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha sido ampliamente criticado por su falta de celeridad en la tramitación de denuncias en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos. Se han escrito sobre este particular tesis doctorales y ensayos. Lo grave, sin embargo, es pretender perfilar al país, como un foco de polarización política en la región.

Ni polarización política, ni llamados al avance en la irrisoriamente nombrada institucionalidad de la justicia. En Bolivia, impera desde tiempo atrás un régimen de facto, esto es, una dictadura sin mayores ribetes.

Prueba de ello es el golpe parlamentario por la que se extirpó la posibilidad de que la así llamada oposición pueda hacerle frente en el Congreso. Más atrás está el fraude electoral descarado y sin parangones en la historia del país.

Ignoro por tanto, de qué polarización habla la comisionada panameña Esmeralda A. de Troitiño. Si por dicho término entendemos la pugna manifiesta y a veces descontrolada de dos jugadores en la sala democrática, esto claramente no ocurre en Bolivia.

Presos políticos, exiliados por las mismas razones, crimen organizado ligado al negocio del narcotráfico, entre otros, dan cuenta del nefasto régimen político en el país, y la superabundante información tras la que se evidencia ya, una dictadura similar – ¿o peor? – a la que se vivió durante los años negros de Luis García Meza.

Ponderamos que las declaraciones del comisionado Joel Hernández García, es de igual manera altamente cuestionable y en no pocas oportunidades sesgada y llena de contradicciones. Si lo que verdaderamente ocupa a la CIDH es ser agente de defensa y promoción de los derechos humanos en la región, no se logra entender cómo quiso justificar con palabras su participación pública en un acto de reconocimiento de los autores del fraude electoral en el país.

Tal como cuenta el periódico Página Siete de La Paz, el comisionado Hernández estuvo presente en el reconocimiento y desagravio que organizó el Ministerio de Justicia para los vocales de 2019 del Tribunal Supremo Electoral (TSE). La OEA, en una auditoría, concluyó que en esos comicios hubo “manipulación dolosa” en actas y en procesamiento de resultados. Con justo motivo, Jaime Aparicio afirmó: “El señor Joel Hernández actuó como un agente político del gobierno mexicano y no puede seguir siendo el relator para Bolivia, Bolivia no puede permitir que este señor siga en esa función”.

En definitiva, la escandalosa visita de la CIDH debe llamar profundamente la atención. La OEA, pero también la ONU, deben tomar cartas en el asunto.

Despedir a Hernández y desagraviar al pueblo boliviano, víctima de una tiranía. Esto es lo que nos debería ahora ocupar.

• Los ciudadanos legales tienen nacionalidad uruguaya (5 de septiembre de 2022)

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico dice que nacionalidad es el vínculo entre la persona y el Estado al que se haya sometida, en otros términos, la condición de la persona en cuanto componente de una comunidad nacional organizada en Estado. En tanto, la ciudadanía es la condición que se otorga a una persona por ser miembro de un país, lo que le otorga derechos políticos y sociales sustentados en el principio constitucional de igualdad.

Un sesudo y muy esclarecedor artículo del jurista Darío Burstin publicado en la diaria el 2 de mayo, bajo el título “Cómo nuestros ciudadanos legales dejaron de ser uruguayos”, ha dislocado por completo y de forma irreversible la desacertada doctrina jurídica según la cual un ciudadano legal no tiene nacionalidad uruguaya. En efecto, nada dice el texto constitucional sobre la opinión doctrinal comúnmente aceptada de que un ciudadano legal no es uruguayo ni puede adquirir la nacionalidad uruguaya, que lamentablemente se hizo eco a partir de los estudios del gran jurista Jiménez de Aréchaga, quien en este asunto estuvo profundamente equivocado.

En efecto, como señala el doctor Burstin, en las actas de la Convención Constituyente de 1917 quedó registrada inclusive una discusión entre nada menos que Emilio Frugoni y Washington Beltrán, en la que ambos llegan al consenso de que la distinción entre ciudadanía y nacionalidad en nuestro país es irrelevante y deciden que no es necesario incluirla en el texto constitucional. La inclusividad de la nación uruguaya era una cuestión que trascendía las barreras ideológicas.

Amén de lo anterior, tal como cita la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), según una común interpretación del derecho internacional no existe diferencia entre ciudadanía y nacionalidad, ambos son vínculos jurídicos entre el individuo y el Estado. En tal sentido, el Código Civil en su artículo 22 establece que la ley “no reconoce diferencia entre orientales y extranjeros, en cuanto a la adquisición y goce de los derechos civiles”, por lo que la interpretación de que los ciudadanos legales son nacionales orientales de pleno derecho queda sobradamente probada.

Por otro lado, la primera Constitución uruguaya indicaba que “los ciudadanos del Estado Oriental del Uruguay son naturales o legales” (Art. 6) y posteriormente agrega que “todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación” (Art. 9). Este articulado se mantiene prácticamente intacto (art. 73 y 77, respectivamente).

Consiguientemente, acierta Darío Burstin al decir que tan sólo es necesario un ajuste jurídico de índole administrativo para que los ciudadanos legales –y además nacionales uruguayos, valga la redundancia– tengan su pasaporte oriental, sin mayor trámite. Este cambio pasa, sencillamente, por designar, como es debido, la nacionalidad uruguaya en dicho documento de viaje.

Es lamentable que Uruguay, pionero en reformas institucionales y legales en materia de derecho internacional de los derechos humanos, obvie sin embargo un asunto tan delicado. Las consecuencias de la situación actual, según la propia OIM, son la dificultad de acceso a la identidad como derecho inalienable y la limitación al derecho de la movilidad, lo que genera un aumento de las vulnerabilidades de las personas migrantes.

La OIM y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), miembros activos de la Red de las Naciones Unidas sobre Migración en Uruguay, organizaron en febrero de 2022 un conversatorio para debatir sobre la ciudadanía legal, identidad y nacionalidad de las personas migrantes en Uruguay. Legisladoras y legisladores, organizaciones de la sociedad civil y agencias de las Naciones Unidas participaron de la instancia. La Red de las Naciones Unidas sobre Migración propone repensar la ciudadanía legal en Uruguay, y puntualiza que Uruguay ha sido un firme defensor y promotor del reconocimiento internacional a los derechos humanos, por lo que la existencia de vulneraciones de alguno de estos exige una pronta actuación desde el plano jurídico.

El documento precitado expone claramente la problemática ya planteada, y en sus partes salientes indica ad litteram: en 2005, los 188 Estados miembros de la OACI aprobaron la nueva norma de que todos los Estados debían comenzar a expedir pasaportes de lectura mecánica con arreglo al Doc. 9303, no más allá del año 2010. A más tardar para el año 2015 debían haber caducado todos los documentos de viaje que no son de lectura mecánica, como así lo hizo Uruguay. Estos cambios suponían el registro de la nacionalidad del individuo en los pasaportes, lo que en el caso de Uruguay conllevó a que se dispusiera que en el caso de los ciudadanos legales se consignaría bajo nacionalidad la de su país de origen. Luego de un breve período donde se imprimía “Uruguay” en los pasaportes de los ciudadanos legales, se comenzó a implementar por parte de la Dirección Nacional de Identificación Civil el dictamen 08/2013: “en el sitio asignado a la nacionalidad de su titular se consigna el lugar geográfico de su nacimiento”.

Esto trajo una serie de inconvenientes para los ciudadanos legales en el extranjero vinculados a su protección consular, regímenes de visado y situaciones aún más complejas cuando comprendía a menores de edad, dado que estos tienen la ciudadanía suspendida (Art. 80) hasta la mayoría de edad, por tanto, son considerados extranjeros hasta los 18 años. El caso de los menores es particularmente preocupante dado que deben viajar con documentos de su país de origen, muchas veces distinto al de sus padres, siempre y cuando hayan podido acceder a ellos. A estas complejidades burocráticas se suma la incertidumbre de si serán considerados o no como uruguayos/as a la hora de viajar, pudiéndose dar la situación de que la autoridad migratoria receptora dude de la propia veracidad del documento de viaje.

A este problema jurídico y burocrático-migratorio, con impacto tangible en su libre circulación y movilidad, así como a la falta de garantías sobre su identidad legal y protección consular, se le agregan otros impactos que van desde los emocionales a los políticos, sociales y económicos. Entre estos últimos surge como una problemática urgente los riesgos de discriminación, tanto dentro del territorio nacional como en el extranjero, existiendo reporte de casos donde autoridades migratorias extranjeras ponen en duda la propia legitimidad del documento de viaje uruguayo.

Costos no previstos, viajes cancelados, pasajes perdidos, estadías y otros gastos económicos pueden adicionarse a los problemas antes citados. Existen casos de personas que migran por motivos políticos y a quienes no les resulta posible acceder o usufructuar su nacionalidad de origen, encontrándose en un total desamparo. No obstante, algo que los ciudadanos legales y sus representantes han mencionado en reiteradas ocasiones es el daño moral y el perjuicio emocional de verse envuelto en este tipo de situaciones que afectan su propia autopercepción de identidad nacional. Esto es particularmente patente entre aquellas personas que han crecido y vivido prácticamente toda su vida en Uruguay, compartiendo una misma cultura e identidad con el resto de los y las uruguayos.

Finalmente, existe una viva discusión en torno a los posibles casos de riesgo de apatridia y/o problemas de confirmación de nacionalidad y también al impacto que pueda tener la adquisición de ciudadanía legal en personas que han obtenido la condición de refugiado en Uruguay.

• Un viejo sofisma llamado Estado Plurinacional (19 de abril de 2023)

El año 2009, entre gallos y medianoche, se aprobó el texto definitivo de la nueva Constitución boliviana. Amén de su ilegalidad al sobrepasar los límites de su convocatoria y la escandalosa redacción definitiva por abogados españoles, esta norma introdujo de forma maniquea y malintencionada dos visiones supuestamente contrapuestas de la sociedad boliviana, a saber: la idea de un pasado precolombino platónico y no exento de problemas, y una época colonial y republicana que engendraría todos los males presentes. En su exposición de motivos, que parece ser más una patraña carnavalesca o un canto atolondrado, se establece increíblemente la superioridad étnica de determinados ciudadanos contraviniendo el principio universal de igualdad ante la ley.

Semejante exabrupto no solo legal, sino carente de significación historiográfica y hasta idiomática, está íntimamente ligada a la concepción del Estado Plurinacional, que es tan sólo un invento de baja calaña.

Claro está que el nombre oficial de Bolivia no es según el texto Estado Plurinacional de Bolivia. Pero no sólo eso. También es evidente que bajo el sofisma de un Estado Plurinacional se esconden razones claramente etnocéntricas, y cuándo no, etno-nacionalistas que no condicen con la realidad social del país, y el principio constitucional de pluralismo político.

Ya en su aplicación, la ineficacia y parcialidad de la nueva Constitución es más que evidente. No se cumple el precepto de más de una treintena de idiomas oficiales. El español es la lengua de todas las leyes aprobadas en el Congreso. Las leyes de desarrollo de la Constitución de 2009 están hechas para perseguir en no pocos casos a los detractores y/o disidentes del Gobierno de turno.

Hecha la ley, hecha la trampa. Los pueblos indígenas originarios campesinos, así llamados, reclaman el respeto de sus derechos –entre los que se halla el del medioambiente sano– sin que ninguna autoridad del país ponga freno a las calamidades sociales que suceden a diario.

En suma, el Estado Plurinacional es una trampa con la que los poderosos huyen del Gobierno Republicano y el Estado Democrático de Derecho, para asentarse en las tinieblas del peor oscurantismo en siglos de historia. Éste es el germen, y no otro, del paquetazo de leyes con las que el Ejecutivo nacional pretende acallar a la prensa boliviana y a otros sectores de la población.

• La guerra de Putin (8 de marzo de 2022)

Transcurrieron varios días desde la invasión no provocada de Rusia a Ucrania, tiempo suficiente para hacer una valoración personal y colectiva a la luz de los acontecimientos.

Vladimir Putin ha caído en su ambición perversa y desmedida de poder. Ya lo hizo antes, durante las invasiones a Georgia y a Crimea, respectivamente, por citar algunas de sus incursiones bélicas en terceros países. La temeridad del exagente de la KGB no parece tener límites, y parece estar dispuesto a acabar con todo a su paso hasta la toma definitiva del territorio ucraniano.

Todos coinciden, al menos en Occidente, que es preciso finiquitar la guerra y de imperiosa necesidad la “ruina imperial” de Putin, para afincar el establecimiento de la paz y la democracia en Europa, amenazada como nunca antes se había visto desde el final de la Guerra Fría. En la misma línea, Jonathan Littell, para el periódico El País de Madrid, escribió que la única manera de salir de esta crisis es hacer que el fracaso de Putin en Ucrania sea tan desastroso para Rusia y sus legítimos intereses que a su propia clase dirigente no le quede más remedio que destituirlo.

Rusia amenaza una y otra vez, ya no solamente a Ucrania y países vecinos como Finlandia y Suecia, sino a otros que conforman la OTAN. Quizás esto le importa poco o nada al canciller ruso, Serguéi Levrov, quien ha vaticinado una escalada de la violencia. Estas ínfulas de grandeza imperialista e imprudencia verbal, sumadas a la mente intemperada de Putin, no hacen sino avivar zumbidos de miedo y desesperanza en una parte de la población mundial. Sin embargo, creo que como aseveró algún momento la propia diplomacia rusa, estamos también frente a una guerra de otro tipo: una guerra sicológica implementada desde Moscú. Perversa, maniatada a costumbres arcaicas, y cuándo no salvajes.

Por todo ello, una vez se restablezca la paz en Ucrania y la retirada total de Rusia, Putin debe marcharse. Al igual que Littell, también amo profundamente a Rusia, que nos legó hombres y mujeres justos y libres, y coincido que es tiempo de imponer un orden democrático en este país.

• Mitos y verdades de la guerra en Ucrania (24 de febrero de 2022)

Las guerras a lo largo de la historia son precedidas de mitos para justificar invasiones e incursiones militares. Lo que sucede en el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene vieja data y todo apunta que el Gobierno de Rusia ha falsificado la verdad ante la comunidad internacional, con motivo de invadir, primero Crimea, y ahora el este de Ucrania.

Cabe destacar que Ucrania nunca representó propiamente un peligro para la seguridad de Rusia. En efecto, la capacidad nuclear que reitera una y otra vez su líder máximo, Vladimir Putin, haría imposible una incursión bélica de Ucrania en contra de Crimea (ahora anexada a Rusia) y contra el territorio ruso.

En segunda instancia, otro mito también recurrente es que una membresía inminente de Ucrania en la OTAN sería igualmente un peligro para Rusia. Sobre este punto, cabe aclarar que cualquier proceso de adhesión de un país a la OTAN lleva un tiempo determinado, y no es inminente ni seguro que Ucrania vaya a conseguir eventualmente ese estatus. De hecho si lo tuviera, tampoco tendría que representar en absoluto un peligro para Rusia o Crimea, puesto que las fuerzas de la OTAN trabajan de manera conjunta y disuasiva conforme al derecho internacional público, y de ningún modo en agresión a un Estado independiente (tal el caso de Rusia). Resulta igualmente imposible el hecho de que la OTAN -en la eventualidad de que sea miembro Ucrania- invada territorio ruso, por el simple hecho que se expondrían dos capacidades nucleares de similar (aunque no igual) poderío militar.

El reconocimiento por parte de Rusia de Estados separatistas prorrusos que forman parte de Ucrania, es sin duda una injerencia ilegal en asuntos internos de otro Estado. Por otro lado, la invasión rusa reciente al este de Ucrania no puede entenderse como el envío de fuerzas de paz, como malintencionadamente lo ha hecho público el Gobierno de Rusia.

Según EFE y el diario El País de Madrid, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha asegurado este martes en una comparecencia ante la prensa que los efectivos rusos que han sido enviados a territorio ucraniano no son “en absoluto” una misión de paz, como defiende Rusia.

“Cuando las tropas de un país entran en el territorio de otro país sin su consentimiento, no son fuerzas de paz imparciales”, ha dicho Guterres a las puertas del Consejo de Seguridad de la ONU en referencia al envío de tropas rusas al territorio ucraniano separatista de Lugansk y Donetsk ordenado por Putin.

Guterres también se mostró en contra de la declaración de independencia de estas dos regiones ucranianas por parte de Putin, y ha apuntado que “esa acción unilateral está en conflicto directo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

“Los principios de la Carta de la ONU no son un menú a la carta. No pueden ser aplicados de manera selectiva”, señaló el máximo representante de la organización, que este lunes interrumpió un viaje previsto a la República Democrática del Congo para regresar a la sede central de NNUU en Nueva York ante la rápida escalada de tensiones en Ucrania.

El diplomático portugués ha insistido en que la ONU “apoya plenamente la soberanía, la independencia política y la integridad territorial de Ucrania”, y subrayó que “ya es hora de volver al camino del diálogo y las negociaciones para salvar al pueblo ucraniano”.

Guterres también ha confirmado que Ucrania en su momento solicitó el despliegue de una misión de paz de la ONU en Donetsk y Lugansk, pero no se acabó efectuando porque Rusia solo aceptaba que fuera para la protección de representantes de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.

• Tiempos de Pumari (15 de diciembre de 2021)

Lo que acontece en Bolivia es ya un verdadero disparate sin mayores preámbulos. En lo que a los bolivianos concierne, son tiempos en los que urge levantar otra vez la voz e ir, indeclinable, y firmemente, a un nuevo ciclo de protestas ciudadanas para recuperar la democracia.

La aprehensión política e indebida del líder cívico potosino, Marco Antonio Pumari, es un escándalo que solamente guarda relación de afinidad con las aprehensiones, detenciones y acusaciones por los casos montados de Golpe de Estado, que cínica y febrilmente promueve el soez Estado Plurinacional de Bolivia.

El conjunto de arbitrariedades cometidas durante las dos últimas décadas por gente afín al Movimiento Al Socialismo, no tiene más nombre que el del acto cobarde y canallesco en contra de la gente insumisa. En los últimos años –descontando los miles de exiliados fuera de Bolivia antes y durante el mandato de Luis Arce– fue primero una dama de Beni, expresidenta del país, ni más ni menos, junto a varios de sus exministros, excomandantes militares y policiales. Y al fin de esta larga y triste historia en la que también se encuentran otros líderes cívicos, exfuncionarios públicos, y otros, llega el nombre de Marco Antonio Pumari, un potosino, querido por muchos bolivianos, ex candidato a la vicepresidencia.

¿Cómo engullir toda esta sarta de glorificaciones partidarias y personales, sumadas a las ya continuas violaciones a los derechos humanos?. ¿Cómo engullir todo eso y más?. No hay cabida para el debate, quitaron los dos tercios del Congreso, hicieron fraude, están emparentados con los más oscuros negocios, y eso lo sabe todo el mundo. Al menos en Bolivia.

Lo que sucede en el país está lejos de considerarse algo ajeno a la realidad latinoamericana. En Nicaragua, Cuba y Venezuela, se libran sendas batallas por la libertad. ¿Adónde va Bolivia?. ¿Es tiempo de quedarse en casa a disfrutar como se mueve Santa Claus en la TV mientras hay gente encarcelada por pensar diferente?. ¿Y parte de la sociedad internacional, seguirá excluyendo a Bolivia como uno más de los regímenes no democráticos provenientes del Socialismo del Siglo XXI?.

• Díaz Ayuso tuvo razón (8 de noviembre de 2021)

“El indigenismo es el nuevo comunismo”, decía en septiembre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al replicar la estrambótica petición de perdón a raíz de la conquista española, formulada por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y secundada luego —muy lamentablemente— por el mismísimo papa Francisco.

La conquista española trajo consigo una nueva cultura, sin la cual, los países hispanoparlantes serían hoy periféricos, pero además se produjo con ella un sincretismo cultural que es el más preciado acervo de los pueblos que habitan Latinoamérica.

Por su parte, el indigenismo—que no es lo mismo que el carácter de lo indígena, ni es equivalente al indiscutible reconocimiento universal de los derechos humanos de los pueblos indígenas— se ha tornado con el paso de los años, en una afrenta real al pasado también nuestro. No olvidemos que los ciudadanos potosinos orgullosos son de haber nacido en la Villa Imperial de Carlos V, y los chiquitanos son depositarios de tradiciones que seguramente hunden sus raíces en las misiones jesuíticas. La pollera, el Carnaval de Oruro, las Alasitas, y muchas otras tradiciones, leyendas y celebraciones de la vida cotidiana, son parte de esta simbiosis entre el mundo hispano y el indígena que se desarrolló luego hasta convertirse en parte ya indisoluble de la tradición cultural boliviana.

El indigenismo, por otra parte, hoy viene revestido de un carácter ideológico y político en sectores de la izquierda radical latinoamericana que, en términos amplificados, tienen connotaciones racistas y etnocéntricas.

El enfrentamiento y la animadversión provocada por este indigenismo de izquierdas tiene como afán dividir a la sociedad para establecer un nuevo orden continental. No obstante, sus intentos que tienen muchos años y se configuran en el Foro de Sao Paulo, fracasaron rotundamente, con escasas excepciones. Por todo ello, Díaz Ayuso, tuvo razón.

Urge la necesidad de anteponer en todos los ámbitos, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que proclama que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

• La política boliviana vista desde el extranjero (11 de octubre de 2021)

Hace más de una década vivo fuera de Bolivia. Esta experiencia permite comprender mejor otros sistemas políticos y gobiernos en el mundo, y cómo es visto el panorama político del país, hecho que es bastante significativo a la hora de una primera aproximación sobre algunos mitos y la realidad nacional, en los círculos intelectuales y académicos. En las democracias avanzadas, es altamente relevante la opinión de estos últimos, puesto que es formadora de la política exterior. En otros términos, sin la opinión de los intelectuales y académicos en el mundo occidental, no es posible definir la agenda política internacional de países como España, Alemania, EEUU o Francia.

En primer lugar, en estos círculos se suele decir que en Bolivia no existe una alternativa de izquierda política democrática y que, por lo tanto, Evo Morales y su comitiva son el mal menor a los problemas del país. En este punto, creo sin temor a equivocarme que el MAS y el gobierno que lo representa no es un partido político de izquierdas. La mejor prueba de ellos es que la declaración de principios de la Internacional Socialista, que reúne una buena cantidad de partidos políticos de izquierda en Europa, Norteamérica, y otras democracias avanzadas, incluye el pluralismo político, el internacionalismo, el republicanismo y el ideario del liberalismo político, como fundamentales y piedras angulares sin las cuáles no es posible entender el germen de sus ideas.

Si habríamos de hacer una catalogación conceptual del MAS, valdría la pena estudiar a fondo sus enormes similitudes con la ultraderecha conservadora y antiliberal, y cómo no, la falta o la ausencia de una política de Estado tendiente a la búsqueda de una auténtica justicia social.

En segundo lugar, suele atribuirse, en estos círculos académicos e intelectuales internacionales —por falta de información, antes que nada—, el problema indígena y de participación política a una falta o escasez de intelectuales y partidos políticos con idearios socialdemócratas y liberales modernos en Bolivia. La socialdemocracia y el conjunto de partidos políticos de corte liberal entiende que el MAS representa la única opción frente al radicalismo conservador de una buena parte del espectro político boliviano. Y este problema subsiste porque en Bolivia no existe una oposición política fuerte de carácter liberal, socialdemócrata, internacionalista, laico y progresista. Leí con mucho agrado decir al abogado constitucionalista Williams Bascopé Laruta que se declaraba un socialista-demócrata, y además liberal y opuesto al etnocentrismo racista del MAS, o al conservadurismo de una derecha cavernaria. Ojalá pueda él avanzar en estas materias, junto con otros intelectuales locales e internacionales.

En suma, para caminar en el contexto nacional e internacional, y llevar adelante una agenda política real de largo plazo que logre frenar el autoritarismo del MAS, hay que tomar muy en cuenta estos asuntos. Sería altamente favorable para el país desmitificar que el MAS es de izquierdas, o que representa intereses indígenas, y consolidar, con los intelectuales un partido joven, formal y serio, dentro del espectro de la socialdemocracia moderna. Una idea así, tendría enorme impacto nacional y mundial.

• El caso “golpe de Estado” y otros (6 de abril de 2021)

No es la primera vez que el gobierno del Movimiento al Socialismo, encabeza una persecución político-judicial en contra de opositores, disidentes y líderes del país. Hay un número elevado e indeterminado de exiliados y refugiados políticos desde al menos el 2006, muchos de los cuáles, encuentran amparo en la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951. El último caso conocido es el de la exministra, María Elva Pinckert, quién desde la clandestinidad pidió asilo.

El caso “golpe de Estado” inventado soezmente contra la expresidenta Jeanine Áñez, sus exasesores del Gabinete Ministerial, muestra el grado de corrupción y desparpajo de la así llamada “justicia” boliviana. Sobre el particular, la Agencia de Noticias Fides informó que luego de un análisis a la imputación fiscal contra la expresidenta Jeanine Añez y los exministros de Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, por el supuesto golpe de Estado, el abogado penalista Eusebio Vera concluyó que se trata de un documento lleno de apreciaciones subjetivas que carece de elementos probatorios e idóneos como para justificar la detención de las exautoridades. Vera advirtió una combinación nociva entre sometimiento del Ministerio Público al poder político y la escasa formación de los fiscales en actividades investigativas para que resulte una lastimosa imputación que no se sostiene por si sola.

Por otro lado, cierto sector del Movimiento al Socialismo intenta confundir a la población general, al afirmar que no puede haber una ausencia de responsabilidad penal sobre los hechos de Sacaba y Senkata. Lastimosamente, trátase de un ardid leguleyo, puesto que la detención preventiva en contra de Áñez y sus exministros tiene como base la supuesta responsabilidad penal por sedición y terrorismo, en lo que ha venido a denominarse públicamente “Caso Golpe de Estado”. Es altamente probable, pues, que el interés macabro de las autoridades gubernamentales fue trasladar forzosa y sorpresivamente a la cárcel a las ex autoridades de gobierno, mientras se alista en el Parlamento una nueva ley de juicio de responsabilidades.

Cualesquiera que hayan sido los motivos, lo cierto es que patentizamos una vez más como sociedad civil, una cacería de brujas. Lo que no atiende, sin embargo, el conjunto de abogados arrodillado al poder político, es que en la región existen mecanismos de defensa y protección de los derechos humanos supranacionales, como la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, respectivamente. Por otro lado, está el hecho de que la Secretaría General de la OEA trasladó antecedentes relativos a graves violaciones de los derechos humanos a la Corte Penal Internacional, puesto que constata que en Bolivia no existen las garantías mínimas del debido proceso ni independencia de poderes.

Estratégicamente, conviene a la defensa de Jeanine Áñez y los exministros, informar periódicamente a los medios de comunicación acerca de los pormenores de los procesos penales en marcha, para que la sociedad en su conjunto pueda dar una respuesta frente a las bajezas del gobierno actual.

• Una sentencia constitucional relevante (1 de abril de 2021)

En la década de 1990, una corriente de la doctrina en América Latina, desarrolló las bases para la implementación en Bolivia del sistema procesal penal acusatorio; siendo así que los juicios penales deben ser apegados a los estándares internacionales de derechos humanos, y en lo específico, al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras normas jurídicas relevantes, según el cual, todo imputado debe ser visto y oído durante el desarrollo del juicio penal en su contra.

La ley 1.970 del Código de Procedimiento Penal, pues, es fruto de una nueva y moderna visión del derecho procesal penal, dónde se hace valer la primacía del respeto al derecho al debido proceso y de contar con garantías constitucionales.

Pero, increíblemente – y porqué no decir, lamentablemente – este sistema procesal acusatorio fue parcialmente removido con la así llamada “ley guillotina” que dio paso al enjuiciamiento en ausencia o rebeldía de cualquier imputado para determinados tipos penales.

Recientemente, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales esta clase de juicios en rebeldía o ausencia, según notas de prensa publicadas en diferentes medios de comunicación a fines de marzo de 2021. En efecto, la sentencia constitucional a la que tuvo acceso el matutino La Razón indica en su parte resolutiva la “inconstitucionalidad de los artículos 91 BIS y 344 BIS del Código de Procedimiento Penal, introducidos por el artículo 36 de la Ley 004”, relativo a procesos penales en ausencia. Para quiénes creemos en la necesidad de un derecho a la defensa material amplia y en los principios que reglamentan el sistema procesal penal acusatorio, se trata de una sentencia altamente relevante y coherente con el Estado Social y Democrático de Derecho, pues además no es posible la existencia de una democracia real sin la vertiente del respeto pleno de los derechos fundamentales.

Lo que queda es aplaudir a la accionante, Dra. Norma Piérola Valdez, y al TCP, porque se repara una grave falencia en el contexto ya no sólo local; sino regional y latinoamericano. Finalmente, el control concentrado de constitucionalidad vigente en el país, condiciona la necesidad de crear absoluta certidumbre y confianza social en el guardián de la Constitución.

• La cara exterior de Bolivia (23 de marzo de 2021)

Las relaciones internacionales y diplomáticas del gobierno boliviano giran en torno a una defensa acérrima de los regímenes de China, Rusia, Cuba y Venezuela, más sus socios o satélites, pese a que existen de por medio condenas internacionales por actos de represión y violencia diversa en el mundo.

En efecto, huelga decir que tanto la administración de Evo Morales como la de Luis Arce, respectivamente, actuando por medio de sus representantes en el seno de la Organización de Naciones Unidas, votaron en contra de la condena de la ONU por la violación de los derechos humanos dentro del conflicto en Xingjiang, China; vetaron la aprobación de un proyecto de resolución que renovaría por un año más el mandato del Mecanismo Conjunto de Investigación (JIM por sus siglas en inglés) de la ONU y de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) sobre el uso de armas químicas en Siria; y, más recientemente, silenciaron el golpe de Estado en Myanmar, que ha cobrado la vida de más de 125 personas hasta hace una semana.

En todos los casos anteriores, el Estado boliviano, ha mantenido una posición, cuando menos, de grave irrespeto del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Según la ONU, durante años, el Gobierno chino ha retenido en masa a miembros de la etnia uigur y a otras minorías musulmanas para llevarlos a los llamados “campamentos de reeducación”. China ha sido acusada de llevar a cabo esterilizaciones forzosas en mujeres uigures y de separar a niños de sus padres. Las investigaciones llevadas a cabo por la BBC apuntan a que los uigures están siendo utilizados para trabajos forzosos y han revelado alegaciones de violaciones y torturas sistemáticas. La ONU, además, ha advertido que al menos un millón de miembros de la minoría musulmana están encerrados en los mencionados campos, que China defiende como centros de formación vocacional con el objetivo, asegura, de erradicar el extremismo.

Con relación al conflicto sirio antes mencionado, el Mecanismo Conjunto de Investigación fue creado por el Consejo el 7 de agosto de 2015 con el propósito de identificar a las personas, entidades, grupos o gobiernos que hayan empleado o patrocinado armas químicas en Siria. Como se dijo, Bolivia, otra vez alineado con Rusia, votó en 2017 contra la renovación de este mandato.

Finalmente, tal como indica en una nota para el periódico Brújula Digital el politólogo Hernán Sarmiento, la representación boliviana en Ginebra se alineó con Rusia y China, tradicionales aliados de los militares en Myanmar. La negativa boliviana a la condena del golpe de Estado en Myanmar se sumó a las de Venezuela y Filipinas que en conjunto alegaron, a tono con Rusia y China, que lo que ocurre en Myanmar son “asuntos internos” en los que no se debe interferir de ninguna manera. En otras palabras, como indica Sarmiento, hacer la vista gorda ante la flagrante violación de derechos humanos que incluye asesinatos, persecución y censura.

¿Cuál debe ser la reacción de la opinión pública nacional e internacional frente a estas situaciones que merecen una atención privilegiada? ¿Defender los derechos humanos no conlleva la necesidad de un planteamiento de índole universal? ¿Cuál es la respuesta ante tales interrogantes por parte de los otros aliados latinoamericanos del MAS y, puntualmente, de los integrantes del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla?.

•  Bolivia en el precipicio (22 de marzo de 2021)

La vida es transitoria en este mundo. Los años pasan, y no en vano, y los historiadores se encargan de contar lo que sucedió en rigor de verdad. Aunque siempre existirán desacuerdos sobre el carácter oficial o no de la historia, y de su respectivo revisionismo si lo hubiere, por lo general hay un consolidado conocimiento de los horrores del Holocausto judío, los gulags y otras atrocidades de Stalin, el genocidio de Pol Pot, y en el ámbito académico y político mundial, la constatación uniforme de las inhumanas dictaduras de Cuba y Venezuela, por citar sólo algunos ejemplos.

Bolivia ha entrado en una nueva espiral de sucesos siniestros y macabros: no hay Estado de Derecho, tampoco existe separación de poderes ni respeto de los derechos fundamentales o de la dignidad humana, y sobre esto existen suficientes pruebas puestas sobre la mesa. Quiénes hemos contado desde el periodismo los últimos quince años de una forma u otra la dramática historia boliviana, somos testigos del abuso de poder, el prevaricato, la represión y el asesinato a la reputación personal de los disidentes, la persecución política, y otras incontables acciones.

Lupe Cajías, en un memorable artículo anterior refería con una voz indignada, las endemoniadas y emborrachadas imágenes y acciones de abogados, jueces, fiscales, y autoridades de Gobierno. Me sumo a ella, y expreso mi indignación.

Evo Morales, ha hecho lo de siempre: mentir y tergiversar los acontecimientos. Mientras que los amarrahuatos leguleyos han deslustrado la noble profesión del abogado.

Por todas las razones anotadas, nuestra tarea encomendada es la resistencia civil. Unos desde las calles, otros desde las letras, el periodismo y las artes, etcétera. Habrán también muchos quiénes harán esta tarea desde los estrados judiciales, ahora cooptados y manejados a gusto y antojo de una tiranía.

Hago un llamado a la comunidad internacional para que no se permita una nueva Venezuela en Sudamérica.  Y aunque parezca mentira y una ilusión, hago un llamado a los gobernantes, jueces, fiscales, y autoridades, para que recapaciten. Si bien se han cometido actos de violencia extrema, por decirlo de alguna manera genérica, todavía están a tiempo de no seguir atados al poder autoritario. Caso contrario, la historia los juzgará sin reparo alguno.

Hago también un llamado a los gobernantes del mundo, y particularmente a los líderes de las izquierdas democráticas, para que no se dejen arrastrar por la injusticia. Lean, infórmense bien, antes de aplaudir ciegamente las farisaicas declaraciones de Evo Morales.

Y no se trata tan sólo de una expresidenta de Bolivia a quién se le arresta de manera tendenciosa y arbitraria – aunque esto por sí mismo ya es muy grave – sino de al menos quince años con un cúmulo de ilícitos, mentiras, hipocresía y cinismo. Es preciso un pronunciamiento unívoco de la Unión Europea, de la Organización de las Naciones Unidas, con tenacidad y no con ligereza. Ellos también tienen la obligación moral de parar en seco los actos de violencia y terror engendrados en el seno mismo del Estado Plurinacional de Bolivia.

La Secretaría General de la OEA, ha dado un paso firme en esa dirección, mediante su comunicado del día 17 de marzo de 2021.

• Sin justicia no hay democracia (24 de febrero de 2021)

Tras el auge del nazismo y los totalitarismos en el siglo XX, y la consiguiente paz de la década de 1940, se evidenció la necesidad de incorporar un nuevo ordenamiento jurídico supremo, esto es, dotar nuevas Constituciones en Europa Occidental – tal el caso de Alemania, España e Italia, por citar sólo algunos ejemplos -. Estas constituciones tienen como armazón el respeto de la dignidad de la persona humana y los derechos fundamentales.

El desarrollo legislativo y jurisprudencial, marcará la pauta para que no solamente se protejan los derechos fundamentales; sino para que todos los órganos de gobierno – y en este caso que nos ocupa el Judicial – los promuevan. En efecto, la frase según la cual, el juez es la “voz que pronuncia las palabras de la ley”, cayó en desuso, y la jurisprudencia de los países europeos se cimentó claramente sobre la base de un neoconstitucionalismo, dejando así en franca crisis al positivismo jurídico clásico.

Estas líneas anteriores contrastan con la percepción de justicia en una parte de América Latina, y el consiguiente irrespeto de los derechos fundamentales y de la dignidad humana. Por ejemplo, según el Índice de Estado de Derecho 2016, elaborado por World Justice Project (WJP), Bolivia está entre los 10 países con «peor administración de justicia». En Latinoamérica y el Caribe, la evaluación nacional solo es superada por Venezuela, mientras que a nivel mundial, la justicia boliviana ocupa el puesto 104 de 113, por debajo de naciones como Nigeria, Bangladesh y Honduras.

Una sentencia del Tribunal Constitucional español de 1981, dice: “los derechos fundamentales son derechos subjetivos, derechos de los individuos, no sólo en cuanto derechos de los ciudadanos en sentido estricto, sino en cuanto garantizan un status jurídico o la libertad en un ámbito de la existencia. Pero, al propio tiempo, son elementos esenciales de un ordenamiento objetivo de la comunidad nacional, en cuanto ésta se configura como marco de una convivencia humana justa y pacífica”. Evidentemente, este impacto del neoconstitucionalismo en la jurisprudencia española, es notable y trascendental; pues los jueces y la administración de justicia, se hallan sometidos no tan sólo a una “Constitución Orgánica”; sino encarnada en un orden de valores, sin los cuáles es “huérfano o inexistente” el Estado Social y Democrático de Derecho.

En conclusión, ¿es posible seguir sosteniendo que Bolivia es un Estado de Derecho o una democracia real cuando su sistema judicial no reviste signos de un sostenimiento de los principios elementales que lo conforman?. ¿Cuál es el papel principalísimo que a este respecto les tocan al Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, y las agencias de cooperación internacional?.

• Del Estado Democrático de Derecho al Leviatán (13 de febrero de 2021)

El filósofo Thomas Hobbes – célebre por su obra “Leviatán” – concebía que el hombre es un lobo para el hombre (Homo homini lupus est). Este presupuesto lo llevó a capitalizar – al menos en sus ideas – un gobierno de tinte absolutista, dónde se menosprecia la libertad, y consecuentemente, la dignidad humana.

¿Cómo es que Hobbes llegó a tales conclusiones?. El hombre no es ajeno a las circunstancias que le toca vivir. El pensador inglés, vivió el descalabro social e histórico de las guerras de religiones y la guerra civil inglesa. Es sólo así que puede comprenderse que el mantenimiento de la paz y la seguridad sean las únicas finalidades reales del gobernante, según Hobbes. Con el paso de los años, quedó en evidencia que la voluntad del gobernante no siempre es atinada ni congruente, tanto en la Alemania nazi, como en el Estado soviético. De ahí que las Constituciones modernas establezcan la necesidad de una separación de poderes, el régimen de control de constitucionalidad en manos del Tribunal Constitucional, y la importancia de la democracia y la soberanía del pueblo, entre otras cuestiones no menores, a las que se suman, el compromiso de los Estados por la materialización de los derechos humanos.

Entre 1994 y 1999, la extinta República de Bolivia vivió el esplendor de la creación de instituciones novedosas que amplificaban los derechos fundamentales, las garantías constitucionales, y en definitiva, el Estado Democrático de Derecho entendido como el Estado de derecho en que el poder, además de quedar sometido a la ley se legitima con la aplicación de los principios de democracia y pluralismo. Sin embargo, entre 2006 y el presente, se desdibuja de manera muchas veces maquillada, el camino hacia la consolidación de este Estado Democrático de Derecho: la Constitución de 2009, prefigura un catálogo de enunciados que no tienen eficacia, ni son claramente expuestos, en detrimento de la necesaria seguridad jurídica y no arbitrariedad de los órganos de gobierno. Asimismo, la ley 004, llamada Marcelo Quiroga Santa Cruz, destruye los paradigmas, principios y bases del Nuevo Código de Procedimiento Penal, promulgado en 1999.

Recordemos, muy someramente, que entre 1994 y 1999, se implementaron en Bolivia el Ombudsman, el Tribunal Constitucional, y el sistema procesal penal acusatorio antes aludido. Pero más allá de estas cuestiones, cobra sentido el hecho que de un tiempo a esta parte, al igual que en los tiempos de la Revolución Rusa – que denostó y quebró la única democracia avanzada de ese país – se acostumbra un régimen político en el que mandan los de arriba, y no existe poder alguno, ni representación política siquiera, que le haga un contrapeso y tienda a la consecución de una democracia avanzada y posmoderna. Hemos caído, en estas últimas dos décadas al influjo del Leviatán hobbesiano y la democracia es entendida como la arrogación de poderes absolutos. La involución histórica es ya patente.

• Buenas noticias desde el Norte (10 de febrero de 2021)

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), aplaudió el reciente compromiso de los Estados Unidos con los refugiados, según información de la ONU. Y no es para menos, pues el nuevo Gobierno estadounidense anunció una serie de medidas encaminadas a dar seguridad a las personas que necesitan protección contra la persecución y la violencia. El organismo de la ONU afirmó que esta política envía “una señal importante a todos los países para formular respuestas que sean a la vez humanas y seguras”.

Concretamente, el Presidente Joe Biden, anunció planes para mejorar el sistema de asilo estadounidense y crear un grupo de trabajo encargado de la localización y reunificación de las familias separadas durante los últimos años en la frontera sur de Estados Unidos, mientras intentaban solicitar asilo en el país. El mandatario estadounidense también se comprometió a trabajar con otros gobiernos y organizaciones para crear una capacidad de asilo regional, reforzar el reasentamiento de refugiados y abordar las causas subyacentes de la violencia y la inestabilidad que obligan a las personas a huir de algunas zonas del norte de Centroamérica.

Por si esto fuera poco, el nuevo presidente de Estados Unidos ha tomado medidas rápidas para revertir la postura de su predecesor en materia de inmigración al poner fin a la construcción de un muro fronterizo entre su país y México, levantar la prohibición de viajar a algunas naciones de mayoría musulmana y revertir los recortes al restablecimiento de refugiados. El presidente Biden también presentó una hoja de ruta para que los trabajadores indocumentados que viven en Estados Unidos puedan solicitar la naturalización después de algunos años si cumplen con ciertos requisitos.

Claramente, la nueva administración estadounidense ha dado un golpe de timón de ciento ochenta grados respecto a la política de virtual «cierre de fronteras» y de «infravaloración» de los refugiados. El colofón de las medidas anti-migratorias, fue sin lugar a dudas, la construcción del escandaloso y grotesco muro entre Estados Unidos y México.

Son buenas noticias desde el Norte del Hemisferio Occidental. Y es que Estados Unidos, bajo la administración de Joe Biden, puede no solamente contribuir en materia de refugiados y migrantes a quiénes se hallan dentro de suelo estadounidense; sino, como bien indica en el reportaje la agencia de la ONU, dar señales positivas al resto del continente y del mundo, en una crisis de refugiados actual solamente comparable al de la Segunda Guerra Mundial.

• El 2020 y sus problemas irresueltos (27 de diciembre de 2020)

Año especialmente difícil por la abundante y muchas veces estereotipada información acerca de la Covid-19, el 2020 ha sido sin duda alguna especialmente difícil y plantea interrogantes a la humanidad entera. ¿Es acaso posible entender este virus como el mayor problema de la sociedad actual?, ¿cuál ha sido el impacto de las medidas gubernamentales para afrontar la pandemia sobre los derechos humanos, y principalmente, sobre las migraciones internacionales?.

Para empezar, a la luz de los acontecimientos pasados, la persona bien informada podría tener no pocas veces una imagen falseada del eclipse social vivido. En efecto, hay quienes sostienen que ha sido un año de profunda reflexión acerca de los cimientos morales que sostienen el planeta. Un justo entendimiento de la situación, sin embargo, deja de lado una buena parte de las preocupaciones principales que debiera afrontar el mundo entero.

Me refiero en primer término a la inmensa cantidad de personas que mueren de hambre y de enfermedades a causa de la pobreza, las guerras y el cambio climático. Cierto mutismo en las grandes cadenas internacionales de noticias no hace sino confirmar el hecho de que la pandemia de Covid-19 tiene especial significado en el mundo occidental, pero no así las muertes por inanición en África y los países subdesarrollados. Muertes que deberían causar dolor y preocupación a los gobernantes del mundo y a la sociedad posmoderna.

Otro asunto de no menor importancia, para poner solamente algunos ejemplos de los muchos que se vienen a mi mente, es la enorme dificultad en la que viven los refugiados y los enfermos a consecuencia de la persecución, los migrantes, entre muchos otros colectivos, que se han visto en condiciones todavía más infrahumanas por las barreras migratorias que han impuesto los países de acogida.

Parece que hay un consenso universal –o al menos una agenda política en todos los continentes– de invisibilizar la tratativa de estos problemas con la mera imagen de un conflicto único. Obviamente la Covid-19 marcó este año los titulares del New York Times, The Guardian, Le Figaro, CNN, y la casi totalidad de la prensa internacional, pero lo invisible me cuestiona una y otra vez: ¿nos hemos vuelto insensibles a problemas quizás aún más graves?

Y es que si gente muere de hambre o a causa de un conflicto en Eritrea debería concitar una exponencial alerta mundial. Al fin y al cabo, parece ser también que la humanidad se ha olvidado con el paso del tiempo de la propia humanidad.

• Reflexión electoral (23 de octubre de 2020)

Existen muchos factores de raigambre ideológica, moral y humana que no permiten entrever el problema del resultado electoral último en Bolivia. Es justamente ahí dónde se manifiestan las bajezas, las mentiras, o los sesgos de distinta índole.

Si hubo o no un fraude electoral, si hubo o no un mal asesoramiento o falta de unidad de los contendientes electorales del MAS, son simplemente meras sospechas u opiniones que no entienden un asunto de capital importancia: el etnocentrismo como factor determinante a la hora de decidir las elecciones pasadas.

¿Qué es el etnocentrismo? La Real Academia de la Lengua Española, lo define como aquella “tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades”. El etnocentrismo se encalló en el discurso político boliviano desde aproximadamente 20 años. En efecto, ello ocurrió en el momento en que, como sociedad, empezamos a aceptar una polarización de origen cultural, racial y social.

La ya vieja disputa de “orientales” y “occidentales” –o para decirlo en términos breves y más sencillos: entre “collas” y “cambas”, entre “indígenas” y “no indígenas”, entre “campesinos” y “no campesinos”– caló tan hondo en el preconsciente colectivo, que podríamos decir, sin temor a dudas, que se evidencia un factor de índole psicológico y emocional más que racional que explica las acciones políticas y los resultados electorales.

En tales circunstancias, pues, nos encontramos ante un entramado de cuestiones que no se dirimen en el discurso político ni, mucho menos, en la propuesta de gobierno de los pasados contendientes electorales, cuya exposición en los medios de prensa fue pobre. Fueron factores tales como el sentido de pertenencia a una raza, cultura o sociedad, los que verdaderamente determinaron los votos.

En este punto habría que enfatizar que el Movimiento al Socialismo ha sabido capitalizar de mejor manera esta lamentable confrontación permanente, y ha incrementado en muchos momentos un discurso cargado de resentimiento (quién mejor lo sabe hacer es Evo Morales) para captar votos, adherentes y socios políticos en Bolivia y en el extranjero.

¿Cómo quebrar el discurso etnocéntrico? Con educación, promoción y respeto de valores humanos y cívicos comprometidos con el pluralismo político, la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos; lo que precisamente no se hizo en los casi 14 años de gobierno del MAS.

Finalmente, cabe preguntarse si habrá algún cambio de timón con Luis Arce Catacora. Esperemos que sea así, para los fines antes mencionados y el bien del país en su conjunto. ¿El MAS podrá, con Arce Catacora, convertirse en un partido de profundización de la democracia? Esta es una pregunta cuya respuesta se formulará en los cinco años siguientes.

• La Constitución Etnocéntrica e Irreal de 2009 (Apuntes para un Debate)

El etnocentrismo es definido como la «actitud del grupo, raza o sociedad que presupone su superioridad sobre los demás y hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar y valorar la cultura y los comportamientos de esos otros grupos, razas o sociedades». Antes de su proclamación expresa el año 2009, me referí al carácter eminentemente etnocéntrico de la Constitución Política del Estado (CPE), aprobada en fraude a la ley – asunto de no menor interés e importancia sobre el cual ya hice hincapié anteriormente -. La irrealidad de esta CPE ha llevado al legislador a interpretaciones antojadizas, dada la multiculturalidad de la nación boliviana.

Líneas siguientes presento partes de este descabellado ordenamiento jurídico en letra cursiva, y sus correspondientes comentarios:

«Preámbulo

… Así conformamos nuestros pueblos, y jamás comprendimos el racismo hasta que lo sufrimos desde los funestos tiempos de la colonia. El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado.

Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien…«.

Este sentimiento contrario a la hispanidad, está ataviado de mentiras altisonantes. Que el racismo haya nacido en la colonia, es cuando menos un disparate, o una presunción carente de realidad. ¿Es que acaso los constituyentes leyeron con sus hojas de coca la mente de los pueblos precolombinos?. ¿Es que acaso no hubo guerras entre los pueblos que componían el Altiplano, los Valles y la Selva Amazónica?.

Por otra parte, etiquetar a todo el pueblo boliviano como inspirado en «las luchas del pasado» es otro enorme desliz que no tiene cabida; sino en el profundo carácter sectario, anómalo y mentiroso de sus redactores.

El Estado moderno debe estar basado no en elucubraciones mentales, sino en el respeto pleno del Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos.

«Dejamos en el pasado el Estado colonial, republicano y neoliberal. Asumimos el reto histórico de construir colectivamente el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario…».

Ningún diccionario jurídico en el mundo, ni la doctrina científica avalada internacionalmente ha podido hasta la fecha definir al Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario. Se habla del Estado Social y Democrático de Derecho, del Estado Constitucional de Derecho, pero de ninguna forma de esta figura traviesa y lamentable como es el Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario.

Finaliza el Preámbulo de la Constitución, con este brote de ambigüedades y «descalibradas» afirmaciones: «cumpliendo el mandato de nuestros pueblos, con la fortaleza de nuestra Pachamama y gracias a Dios, refundamos Bolivia«.

El artículo 5 de la CPE, indica: «… Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasu’we, guarayu, itonama, leco, machajuyai-kallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco».

Aquí otra vez es elevada a su máxima potencia el etnocentrismo. Es necesario mencionar, que si de los idiomas oficiales se hablara, el japonés o el portugués, son mucho más hablados que el zamuco, el puquina, y otras excentricidades normativas. Nadie – o casi nadie – hace hincapié en el hecho que ninguna ley aprobada por el MAS fue traducida a esos treinta y seis idiomas oficiales.

El artículo 8 dice: «… El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)».

¡Ignoro por qué razón o circunstancia no se introdujeron con la misma tenacidad y verborrea principios del taoísmo, o del budismo!. La Constitución es un saludo a la bandera, porque el gobierno del MAS – en particular éste – fue flojo, mentiroso, ladrón, etcétera. Una Constitución de ninguna forma puede asumir y promover principios ético-morales, más aún cuando es de imperativo cumplimiento y no un texto de filosofía o de religión.

«Artículo 9.- Son fines y funciones esenciales del Estado, además de los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización».

La tan mentada descolonización llevó al Gobierno del Movimiento al Socialismo a crear un Viceministerio de su mismo nombre, y vaya que se distribuyeron los textos ultra-indigenistas de Fausto Reynaga desde su repartición; amén de otras destrezas propias de un zurdo sin corbata y enormes bravuconadas.

«Artículo 13.- Los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Bolivia».

Este artículo bien redactado y conforme a las pautas de una Constitución moderna, ha sido perforada con la puesta en vigor de la Ley 004, que contraviene el Pacto de San José de Costa Rica, tal como me he referido en su momento. ¡Otro saludo a la bandera!.

Artículo 35.- El sistema de salud es único e incluye a la medicina tradicional de las naciones y pueblos indígena originario campesinos.

Sobre esta disposición, me pregunto: ¿y dónde quedó la medicina tradicional china?. Otro ejemplo de etnocentrismo.

Más cuestiones no mencionadas con anterioridad, pueden ser revisadas en otros artículos míos. Huelga ahora conocer, ¿quiénes fueron los autores de semejante “desmadre”?. Ciertamente, la Constitución de 2009 más que un texto normativo es una juerga desenfrenada de gente que ignora la ciencia del derecho, pero que además en su etnocentrismo, es altamente racista y retrógrada.

• Ilegalización y disolución del MAS (3 de octubre de 2020)

Cuando en 2003 el Tribunal Supremo de España, en aplicación de la Ley de Partidos, resolvió por unanimidad la ilegalización y disolución de Herri Batasuna, de Euskal Herritarrok y de Batasuna, por considerarlos parte de ETA (Euskadi Ta Askatasuna, en español Patria Vasca y Libertad) –organización terrorista, nacionalista vasca que se proclamaba independentista– los medios de comunicación, los partidos políticos, y claro está, la propia justicia, decidieron sepultar definitivamente el pasado negro de una coalición política contraria a la democracia española.

Para nadie es ajeno que el MAS trabaja de la mano de las dictaduras de Cuba y Venezuela, se documentó que trajo a Bolivia elementos de las FARC y se halla ligado al negocio del narcotráfico, y pretendió extender un mandato pasando por alto la Constitución, los resultados del 21F, y el propio Pacto de San José de Costa Rica. En su opinión consultiva del 28 de septiembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronunció que la reelección presidencial indefinida: 1) socava los sistemas de vigilancia y las bases de la democracia; 2) puede afectar autenticidad de elecciones; 3) puede generar ventajas indebidas en procesos electorales y afectar el pleno goce de otros derechos humanos.

A pesar de todo lo anterior, de modo insólito y salvaje, el MAS se encuentra en plena campaña electoral, sin que ningún tribunal –ni el propio Tribunal Supremo Electoral– haga nada a este respecto. Todo ello causa indignación a la mayoría de los bolivianos.

¿No se puede ilegalizar y disolver al MAS y así frenar sus embestidas antidemocráticas? Recordemos que el Tribunal Supremo Electoral literalmente se “lavó las manos” frente a una acción abstracta de inconstitucionalidad relativa a la cancelación de la personería jurídica de este partido. ¿Existe miedo?, sí. Pero la ilegitimidad manifiesta del MAS, nos hace pensar si acaso este temor no debería ser mayor en el futuro, tomando en cuenta que esta agrupación política –según encuestas de preferencia electoral– podría tener luego de los comicios del presente año, además de sus nexos oscuros antes citados, una buena parte de la Cámara Alta y en menor medida de la Cámara Baja, y el control en el Órgano Judicial.

¿Cuántos años más los bolivianos seremos testigos de la republiqueta del Chapare que dirige los destinos de la nación boliviana?.

• Restaurar la República de Bolivia (24 de septiembre de 2020)

En anteriores artículos de opinión manifesté varios problemas como consecuencia de la puesta en práctica de la írrita y antidemocrática Constitución Política del Estado de 2009, cuya redacción y promulgación está en franca contradicción con los lineamientos de la Constitución de 1967 reformada el año 1994.

En efecto, la Constitución de 1967/1994 no permite una reforma total del texto constitucional (se amañó una posibilidad de reforma total el año 2004 introduciendo ilegalmente esta figura en la Carta Magna) pero además la Asamblea Constituyente aprobó un primer borrador pasando por alto su Ley de Convocatoria, y terminó siendo redactada por un grupúsculo secretamente.

Lo anterior determina que la Constitución de 2009 es un auténtico fraude a la ley. El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define el fraude a la ley como una “actuación aparentemente lícita que en realidad persigue evitar la aplicación de la norma establecida para la ocasión”.

Un reciente artículo de opinión publicado en el portal Infobae de Argentina por el exministro Carlos Sánchez Berzaín, analiza las consecuencias nefastas de la Constitución de 2009 en el terreno electoral: con la suplantación de la Constitución de la República por el “Estado Plurinacional” en Bolivia se ha eliminado el sufragio universal, aumentado a 36 el número de senadores, (además, se ha) liquidado la igualdad de los ciudadanos, impuesto 7 circunscripciones “especiales indígena originario campesinos” con sistema corporativista fascista, impuesto el “voto comunitario”.

Se ha institucionalizado un sistema electoral en el que con cerca del 26% del voto se obtiene el 50% de los miembros del Senado y con el 30% del voto “gana” la mayoría de toda la Asamblea Legislativa. Se puede ser presidente en primera vuelta con “40% de votos válidos, con una diferencia del al menos 10% en relación con la segunda candidatura”.

• Problemas y cuestionamientos electorales (16 de septiembre de 2020)

Avanzar y reconstruir una democracia casi en ruinas es una tarea harto complicada. Más de una década de “lavado de cerebro” del MAS, encaramado ilegal e ilegítimamente en el poder, no es fácil disolver en poco tiempo; no obstante, es inherente a la democracia boliviana reinstalar el debate en torno al legado de ese partido y sus gobernantes.

En las actuales condiciones preelectorales se vislumbra un terreno difícil: según encuestas de preferencia electoral, el MAS podría controlar prácticamente la mitad de la Cámara Alta, con lo cual aseguraría –en caso de perder una eventual y previsible segunda vuelta– el bloqueo de una democracia en ciernes que necesita hoy más que nunca propugnar valores, principios y resultados en favor de la dignidad humana y de toda la población boliviana.

No se entiende, en consecuencia, la lucha mediática y mayoritariamente politiquera por un eventual segundo lugar, si acaso el MAS fuera ganador de la primera vuelta electoral. El MAS camina al parecer holgadamente en su propia vía de asegurarse espacios en el Parlamento y dar batalla en un casi seguro balotaje. Por lo tanto, las críticas entre los contendientes si bien son claras manifestaciones del “juego político”, obvian por alguna extraña razón que la gran mayoría de los bolivianos (hablamos de más del 60%, al menos) desea un cambio frontal de eje de poder.

Lo que debería quedar muy claro es que la rivalidad electoral extremista entre Áñez, Mesa y Camacho, por citar sólo algunos nombres, debilita los intereses de una futura coalición de Gobierno. En efecto, restar puntos a alguno de los tres ya mencionados puede significar que a la postre el MAS, en río revuelto, logre conquistar el voto no asegurado e indeciso.

Las elecciones venideras deberían hacer posible que el MAS sea, por decirlo en términos corrientes, descapuchado. Y es que muchos no conocen, hasta el presente y a ciencia cierta, el nivel de despilfarro económico, los niveles de corrupción y la ligazón con el crimen organizado que vivió Bolivia durante la pasada administración. Esto debe ponerse en la agenda de la opinión pública día a día, en vez de ajusticiar sin derecho propio o ajeno a los demás contendientes.

¿Cuáles son los intereses encubiertos que mellan la capacidad de un examen crítico de la pasada gestión? ¿Áñez, Mesa y Camacho no deberían instalar ya acuerdos mínimos a la hora de lograr una mejor coyuntura de cara a las elecciones generales?.

• El lobby mediático extranjero del MAS (10 de agosto de 2020)

El Movimiento al Socialismo (MAS), ha emprendido una campaña mediática de desprestigio contra el gobierno de Jeanine Áñez en medios de prensa internacionales ligados a la izquierda, como Página12, de Argentina, Brecha, de Uruguay, Telesur, de Venezuela, La Jornada, de México, y otros. La tarea es sencilla: calificar de golpe de Estado la sucesión presidencial ante la renuncia de Evo Morales, y etiquetar a la nueva administración como “Gobierno de facto”.

El lobby mediático extranjero del MAS, no tiene mucha repercusión dentro de Bolivia, pues la mayoría de los bolivianos es consciente de que la “revolución pacífica de las pititas” (como suele llamarse a las movilizaciones y protestas del año 2019 en contra del abuso de poder del MAS, encaramado ilegalmente 14 años en el poder) fue un triunfo de la democracia frente al autoritarismo de Evo Morales: autor intelectual del fraude electoral y del exilio de miles de bolivianos perseguidos por razones políticas, dirigente principal de los cocaleros del Chapare –donde se produce una buena cantidad de hoja de coca excedentaria para el mercado ilegal– y, para colmo, precursor de un régimen altamente autoritario –para muchos inclusive totalitario– en el que primó el clientelismo, la corrupción, el caudillismo, el despilfarro en el gasto público, el manejo arbitrario de la Constitución y las leyes a gusto y antojo de su conveniencia, etcétera.

La izquierda latinoamericana es ignorante en lo que respecta a Bolivia: no comprende estos asuntos o es ciega ante un proceder absolutamente injusto e ilegítimo por parte del MAS. Para poner un ejemplo concreto, ciertos sectores radicales del Frente Amplio del Uruguay, leen las noticias de los diarios izquierdistas La Diaria, Brecha, La República, como manuales de conducción, o biblias de un pastor evangélico fundamentalista. La crítica de la izquierda –respecto de lo que pasa en Bolivia, lo que pasó, y sucederá en el futuro– está encaramada en viejos mitos de los que ya he escrito con bastante profundidad en anteriores oportunidades. No se habla, por ejemplo, de que en el gobierno de Evo Morales el servicio militar continuó siendo obligatorio, no hubo una reparación a las víctimas de las dictaduras militares, etcétera.

Pero también hay quienes piensan maquiavélicamente que Cuba, Venezuela y Bolivia con Evo Morales, eran una suerte de Unión Soviética para frenar o al menos mermar “la presencia yanqui” en sus respectivos países. Yo pregunto a ellos: ¿y dónde quedan entonces los derechos humanos, la importancia de reparar la memoria histórica de los que luchan con justicia y razón todavía hoy en la avenida 18 de Julio de Montevideo?. ¿Quisieran que Uruguay, o la propia Argentina, sean una Cuba o Unión Soviética con gulags y presos políticos en el siglo XXI?.

• Razones legales de la cancelación del MAS (9 de agosto de 2020)

En un anterior artículo de opinión manifestaba –temeroso de una escalada de violencia en el país– mi preocupación por una eventual escalada de conflictos si se cancelaba la personalidad jurídica del MAS. Pues bien, los tiempos y una profunda reflexión a la luz de la historia, me han llevado a hacer un análisis más sesudo de la situación. El MAS representa históricamente el autoritarismo. Entre 2006 y 2019 gobernó Bolivia a gusto y antojo cometiendo crímenes gravísimos y documentados, como fraude electoral, sedición, narcotráfico, y un claro acto de terrorismo y permanente convulsión social afectando al conjunto del país y la democracia boliviana.

Pero en este artículo no me detendré en el análisis de estos acontecimientos sino en el estudio legal del caso. La Ley 026, del Régimen Electoral, y más concretamente, el artículo 136 pár. III no ha sido derogada. Es decir, la norma jurídica por la que se establece el régimen sancionatorio de pérdida de personalidad jurídica ante la difusión de encuestas de opinión está plenamente vigente. Y la muestra más clara de su vigencia es que el propio abogado del MAS, Iván Lima, presentó un recurso abstracto de inconstitucionalidad de la referida norma jurídica.

Así entendidas las cosas, no vale el criterio según el cual la Ley de Organizaciones Políticas no dice nada al respecto. Una ley es válida, plenamente vigente para decirlo en términos legales, mientras no sea derogada. Y claro, como esta falta de derogación es la que preocupa al MAS, han presentado ellos una acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, totalmente fuera de lugar y, en sentido contrario al hecho que fueron los parlamentarios masistas quiénes la sancionaron, amén del caso de haberla aplicado contra dirigentes políticos de Unidad Demócrata.

El Tribunal Supremo Electoral debe aplicar con rigor legal este régimen sancionatorio y cancelar –como dice la ley, inmediatamente– la personalidad jurídica del MAS. A su vez, el Gobierno boliviano tiene la obligación de imponer el orden público ante cualquier eventual hecho de violencia que se pueda generar, en el marco de las atribuciones que le han sido conferidas por ley.

En caso de que el Órgano Electoral incumpla sus atribuciones, o intente “lavarse las manos” llevando todo al Tribunal Constitucional –cosa que creo altamente improbable– correríamos el riesgo de entrar, esta vez sí, en una incertidumbre social sin parangón puesto que el Tribunal Constitucional demora varios meses en el tratamiento de estas acciones (mucho más, al menos, que el calendario electoral prefijado para las próximas elecciones del 18 de octubre de 2020). Y todos sabemos, finalmente, que el incumplimiento de deberes y las resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, son delitos.

• ¿Beber de su propio veneno? (25 de julio de 2020)

Hay palabras que a veces incomodan, pero es necesario decirlas sin ribetes ni condicionamiento alguno. Las elecciones del 6 de septiembre próximo quizás no eran las más adecuadas, pero tampoco hay que obviar ni subestimar que la Asamblea Legislativa –quiérase o no– está controlada por el MAS y por ello, si no se maneja con cuidado esta situación, puede provocarse efectos indeseados de ingobernabilidad para la difícil y muy meritoria transición de la Presidenta Jeanine Áñez.

La premisa de ir, a toda costa, arrastrando el problema de las elecciones indefinidamente durante un Gobierno transitorio –desde mi punto de vista– sólo genera mayor incertidumbre y una eventual vuelta al caos social. Ello debería ser bien ponderado antes de cualquier acción o análisis más o menos sereno y ajustado a la realidad sanitaria en el breve, mediano y largo plazo. Pero también, llama la atención que un mero pronunciamiento de Evo Morales en el que dijo haber coordinado con el Presidente del Tribunal Supremo Electoral la fecha de las elecciones, desate ahora una inusitada sospecha respecto de la imparcialidad de esa instancia y haga tambalear todo el tablero de ajedrez. ¿Tanto se le cree al expresidente Morales? ¿O es que acaso nos encontramos ante la estrategia de postergar las elecciones generales para fundirlas –mediante un mentado cálculo político– con las subnacionales?

Pero acaso, ignorando lo anterior, se suscita otro problema de envergadura: la posibilidad de la cancelación de la personalidad jurídica del Movimiento al Socialismo. Sobre este asunto, el abogado del MAS, Iván Lima, ha anunciado un recurso abstracto de inconstitucionalidad que, en la práctica jurisprudencial podría suspender cualquier decisión del órgano electoral sobre la problemática ya planteada.

En efecto, según la agencia ABI, el abogado precitado informó que el partido azul presentará al Tribunal Constitucional Plurinacional una acción abstracta de inconstitucionalidad contra el artículo 136, numeral III de la Ley del Régimen Electoral, y advirtió que mientras no sea resuelto ese recurso, el Órgano Electoral Plurinacional no puede sancionar al MAS.

En paralelo, y por otra parte, sobre el Tribunal Supremo Electoral arden varias denuncias contra el MAS formuladas por organizaciones políticas. Todo este panorama provoca una inusitada incertidumbre –al menos desde el inicio del gobierno de la Presidenta Jeanine Áñez– y cualquier decisión del ente colegiado debería ser tomado sobre la base de argumentos legales sólidos antes que sobre meras conjeturas políticas.

Tengo una opinión propia al respecto: creo que se debería ganar al MAS en la cancha, no repetir la expulsión de Evo Morales del Parlamento por decirlo de alguna manera, y no avanzar en la escalada de un conflicto social. Me llama poderosamente la atención, por otro lado, que muchas personas en redes sociales hablen de que los azules deben “beber de su propio veneno” (textual). Mahatma Gandhi, decía, que el mundo quedaría ciego si se aplicase el ojo por ojo y el diente por diente.

No defiendo al MAS, por el contrario, considero que su tiempo ha llegado, inequívocamente, a un sendero de final sin retorno. Pero al mismo tiempo soy consciente de la necesidad presente de mantener la calma y la prudencia, porque los populismos tienen siempre su crepúsculo y su adiós. Y hay que ser igualmente inteligente para no crear otros mitos de la izquierda radical, como los “Che Guevaras”.

La última palabra, en todo caso, la tendrá el Tribunal Supremo Electoral, o en su defecto, el Tribunal Constitucional. El problema es que si el TSE no se ajusta al derecho y no define la situación caeremos como sociedad en una suerte de agonía.

• Recrear la democracia (20 de junio de 2020)

Una entrevista concedida a Radiotelevisión Española el año 1984, por los laureados escritores Octavio Paz, Vargas Llosa, Savater, y otros, reflexionó, entre muchos otros temas, sobre el compromiso de los intelectuales en la sociedad de su tiempo. Esta reflexión no es ajena a nuestras circunstancias históricas nacionales, y mucho menos lo es frente a los dramáticos sucesos históricos que vivió y todavía vive Bolivia.

Un primer problema abordado en el programa televisivo fue el exceso de dogmatismo –y yo añadiría maniqueísmo– entre las diferentes visiones de sociedad. Por ejemplo, desde una buena parte de la izquierda boliviana se nota indiscutiblemente una posición que sustenta sin ambivalencias, o críticas internas, la necesidad de un orden, entendido –quién lo diría– como una herencia del patrimonialismo colonial.

En efecto, es notorio que la revolución democrática y cultural pregonada por Morales Ayma, haya caído como saco roto en una forma de autoritarismo ajeno a la modernidad y a las reglas de la democracia occidental. Pero también es preciso decir que, la así llamada revolución antes citada, parafraseando a Paz es, en términos un tanto literarios y sociológicos más que políticos, la revelación más antigua de la sociedad donde la fiesta con todos sus sentimentalismos y excesos cobra un papel preponderante.

En América Latina –lo dijo en su momento el nobel mexicano, pero también en menor medida Vargas Llosa– no tuvimos un Voltaire, un Kant, o un Hume, que aportaran con sustento una visión liberal, pero, a la vez, democrática de construcción democrática y social. De tal modo, las revoluciones bolivianas, todas ellas sin excepción, son herederas de formas de un “paternalismo mágico” en el que el líder y la élite política subvierten todo principio de coexistencia pacífica y avance hacia una democracia plural.

Por otro lado, los actos de violencia y perpetua rivalidad de contrarios, hacen pensar que las formas de populismo se hallan fuertemente arraigadas en la sociedad boliviana, tanto así, que es menester cambiar de rumbo en favor de una recreación de la democracia a partir de sus valores más fundamentales: a) la igualdad ante la ley –subvertida gravemente por el Gobierno anterior en una constante y frenética posición etnocéntrica de la sociedad –; b) la libertad, tan menoscabada por la historia boliviana en su conjunto que no parece mirar la necesaria instauración de un Estado constitucional de derecho; c) la independencia de los poderes políticos, sobre lo cual ya se ha escrito suficiente; d) la búsqueda y debate de nuevas formas de gobierno, que desencadenen una merma del Estado burocrático, autoritario y centralista, en favor de la materialización de una anhelada república federal y parlamentaria.

Evidentemente, en cuanto a la cultura, los poderes públicos deberían gestionar una educación laica sin negar el pasado indígena en todas sus manifestaciones humanas y artísticas, cuestión que, desde mi óptica, obedece a un cambio de timón en favor de los derechos fundamentales. Obviamente, en esta recreación de la democracia, y apelando al principio de igualdad ante la ley, es necesario rever otras visiones etnocéntricas –como la de tener dos banderas nacionales, más de una treintena de idiomas oficiales– y otros enunciados rimbombantes, pero carentes de significado real a la hora de realzar el pasado indígena y otorgar una mayor equidad en el terreno social, económico y político a los indígenas del país.

• ¿Constitución fallida? (11 de mayo de 2020)

“La verdad es que la Constitución Política del Estado (Plurinacional de Bolivia) es un experimento, hay que decirlo, porque es muy larga y caótica, con más de 400 artículos. Parece un Código más que una Constitución. Además, me llaman la atención los elementos contradictorios y me concentraría en que contiene elementos inconstitucionales. Esta Constitución es una ortopedia que se quiere imponer a la sociedad boliviana para evitar su progreso real”.

Con esas palabras inicia Ramón Peralta Martínez –doctor en Derecho Constitucional y Filosofía Política, y profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid–, una entrevista concedida al periódico EL DEBER el año 2015. Entre las enormes falencias de la Constitución boliviana de 2009, Peralta Martínez refiere las dos categorías de ciudadanos por su origen étnico, la división de poderes que, por la forma como está concebida, no garantiza el control entre los tres poderes del Estado, la elección de magistrados mediante voto popular, la irregularidad de su aprobación en un poder constituido como es el Parlamento, etcétera.

El catedrático español, sostiene: “en mi criterio, es la expresión de ideologías e imaginarios trasnochados, reflejados en la norma fundamental del Estado, sobre todo de un ultraindigenismo de laboratorio y un intervencionismo estatal en todos los aspectos de la vida social”.

Ya el año 2008, escribí un artículo titulado: Crítica a la Nueva Constitución, que incluía una buena parte de los criterios expuestos por el profesor español antes citado. A más de 10 años de su aprobación, la Constitución Política del Estado ha resquebrajado, y por qué no decir, derribado los cimientos mismos del Estado constitucional de derecho, que –entre otros aspectos– debe fundarse en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la probidad de los magistrados y miembros del Tribunal Constitucional, la materialización de los derechos fundamentales que consagra.

Ante este escenario, caben las siguientes posibilidades: a) la irrealización de la propia Constitución, que por su falta de desarrollo, contradicciones, y pisoteo de derechos y libertades fundamentales, tiende a convertirse en un verdadero pasquín de corte ideológico más que en una norma fundamental; b) la puesta en marcha de un verdadero proceso constituyente que tenga como base y principios aquéllos propios de un sistema republicano de gobierno; c) la revisión, por parte de actores políticos, ciudadanos y juristas, de lo que, a todas luces, fue una fraudulenta aprobación del texto constitucional.

Esta última posibilidad viciaría de nulidad la trasnochada legitimidad de sus impulsores cercanos al ala radical del indigenismo a ultranza, representado en su momento por el Movimiento al Socialismo, bajo el asesoramiento de ciudadanos españoles ligados de un modo u otro a la actual agrupación política Podemos, de España, aspecto altamente controvertido en la historia nacional que, sin embargo, no fue desmentido, y es el colofón de una serie de hechos insospechados en su momento.

En efecto, trátase de una Constitución Política del Estado redactada en gran medida por ciudadanos españoles, lo que contradice el supuesto carácter “originario”, “indígena” o “campesino” de quiénes serían –sólo en teoría– sus más directos beneficiarios. Y trátase, ciertamente, de un auténtico galimatías y no de un modelo ejemplar de Constitución, con enormes deficiencias, lo que da alas a una marcada manipulación ideológica de su contenido. Trátase, finalmente, de un experimento social con bases etnocéntricas y hasta racistas, dentro de una sociedad que es por todos conocida por su heterogeneidad.